Ciudad de México.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) enfrenta 453 juicios de amparo por los que podría perder, al menos, más de mil millones de pesos. Esos recursos son exigidos por personas que sufrieron un delito federal o una violación a sus derechos humanos y consideran que la dependencia no las atendió de manera adecuada.

Los demandantes son víctimas directas e indirectas de delitos de años recientes o de hace décadas, pero todos coinciden en que la comisión ha sido omisa en sus funciones o no estuvieron de acuerdo con la compensación económica que recibieron por su condición.

La CEAV enfrenta tres juicios por el caso Tlatlaya, en el cual se señala a elementos del Ejército por presuntamente ejecutar a civiles en una bodega del Estado de México; cinco por la guerra sucia, periodo histórico en el que las Fuerzas Armadas fueron acusadas de participar en hechos de desaparición; 50 por las agresiones que recibió el equipo de futbol Los Avispones la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Otros 63 juicios por el caso Tanhuato, en Guerrero, donde supuestamente 22 personas habrían sido ejecutadas por elementos de la Policía Federal (PF); 82 por la guardería ABC, que en 2009 registró un incendio en el que perdieron la vida 49 menores de edad en Hermosillo, Sonora, y 250 procesos legales por otras violaciones a derechos humanos.

Tan solo por los 82 asuntos de la guardería ABC, la CEAV ha proyectado que deberá pagar 652 millones de pesos si un juez le concede la razón a los inconformes; en el caso de Los Avispones serían 450 millones, y por la guerra sucia otros 6 millones.

Esta cifra es superior a los 975 millones de pesos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ejerció el año pasado a través de su Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI); esa cantidad es la más elevada que la CEAV utilizó para atender a perjudicados desde su creación en 2014.

Los juicios y los montos a pagar quedaron asentados en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2020 de la Junta de Gobierno de la comisión ejecutiva, reunión que se realizó el 24 de junio de este año a raíz de la renuncia de la titular de la dependencia, Mara Gómez Pérez.

El Universal buscó a la CEAV para hablar sobre la situación jurídica de estos asuntos, pero la dependencia declinó la solicitud de entrevista, al argumentar que los procesos legales permanecen abiertos.

Mal y de malas

• 975 mdp es lo que recibió la Comisión en 2019 por el fondo que el Congreso aprobó eliminar.

• 3,279 resoluciones forman parte del rezago que tiene el instituto para los perjudicados en su derechos.

• Dos titulares de la CEAV han renunciado debido a problemas internos y externos que enfrenta.