Ciudad de México.- Un total de nueve mujeres, entre ellas una de nacionalidad cubana y otra colombiana, presuntas víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas por agentes de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) cuando realizaron un operativo en tres inmuebles de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde cinco personas fueron detenidas.

Según un comunicado de la dependencia, los tres hombres aprehendidos, de 25, 56 y 57 años de edad, fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Sur. En tanto, las dos mujeres detenidas, de 51 y 83 años, –esta última, propietaria del negocio y “contratista” de las agraviadas–, fueron enviadas al Centro de Reclusión Femenil Santa Martha Acatitla, donde enfrentarán proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

La autoridad tiene pendiente la detención de otro hombre identificado como el presunto dueño de una agencia de publicidad, mediante la cual las mujeres eran contratadas como modelos y después, sometidas para hacer servicios sexuales en una casa de citas.

Además, propondrá que los predios en cuestión sean objeto de extinción de dominio.

De acuerdo con la denuncia de una de las víctimas, la mecánica de explotación sexual que aplicaban los hoy indiciados consistía en retirarles sus documentos migratorios y obligarlas a participar en pasarelas frente a los clientes para que estos las escogieran.

Antes de ingresar a una recámara con la chica elegida, el cliente debía pagar entre cuatro y seis mil pesos, más tres mil por el costo de las bebidas. Con ese precio tenía derecho a tener relaciones sexuales durante dos horas. No obstante, si el cliente quería llevar a la mujer a un hotel debía pagar dos mil pesos de “derecho de salida”.

Según el testimonio, al final las víctimas obtenían un pago de mil 800 pesos, pero como les descontaban el costo de su alojamiento, sólo recibían 100 pesos en efectivo.

La historia de Brenda

La PGJ difundió la historia de Brenda –nombre ficticio–, una de las mujeres víctimas que denunció haber sido presa de este delito. El 10 de agosto de 2015, la mujer fue a una cita de trabajo para modelo en un inmueble de la calle Hermosillo, en la colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc.

Contó que la mujer que la atendió le dijo que debía cuidar su presentación para conservar el trabajo, ponerse un nombre artístico y que el sueldo sería de mil 800 pesos por evento.

De aquel lugar, Brenda fue llevada a otro domicilio en la calle Nuevo León, colonia Hipódromo Condesa, en la misma demarcación. Ahí observó meseros y la atendió un hombre que dijo ser el dueño de la empresa. Éste la llevó a una recámara y le ordenó desnudarse para “aprobarla” como empleada. Luego le detalló sus labores: atender a los clientes del lugar, consumir bebidas alcohólicas con ellos y tener relaciones sexuales con los interesados.

Brenda aceptó y se presentó al día siguiente. Al llegar a su lugar de trabajo observó a varias chicas de entre 20 y 30 años y de distintas nacionalidades. Era el “desfile” de la casa ante los clientes.

Ahí, la joven observó a dos de los hoy detenidos; eran el vigilante y el administrador del sitio.

Un mes después, el dueño del negocio dijo a Brenda que era momento de “aspirar a tener mayor prestigio”. Por ello, comenzó a “promocionarla” en un sitio de internet. En octubre la llevó a vivir a su casa, ubicada en la avenida Gabriel Mancera, colonia Del Valle Sur, delegación Benito Juárez.

Según la joven, el sujeto le daba de comer sólo cuando él lo hacía y no le permitía tener comunicación con sus familiares, mientras seguía obligándola a ofrecer sexoservicio.

Un año pasó. Algunas víctimas extranjeras se dieron cuenta que Brenda vivía en la casa del explotador. Entonces, le pidieron ayudarlas para recuperar sus documentos migratorios que éste les quitó cuando las contrató.

La joven le reclamó al sujeto y éste la amenazó con dañarla. Fue entonces cuando acudió al Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas y denunció los hechos.

Un juez de Control obsequió a la policía una orden de cateo en los inmuebles mencionados, misma que se realizó el pasado 13 de enero.

Según la PGJ capitalina, tras el rescate, las nueve agraviadas recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica de parte de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, pues el dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad de las mujeres.