Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga cuentas bancarias en Suiza donde, presuntamente, Moisés Mansur Cisneyros habría transferido una parte de los 223 millones de pesos que recibió de la venta de terrenos en Campeche, dentro de la trama financiera del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte.

En la audiencia de imputación del pasado lunes, los fiscales federales dijeron que han presentado a la Confederación Helvética solicitudes de asistencia jurídica para conseguir los detalles de las cuentas bancarias del supuesto principal prestanombres del ex Mandatario.

Todo derivó de una aclaración que el propio ex Gobernador veracruzano solicitó a los agentes del Ministerio Público Federal, durante la audiencia judicial.

Como la PGR señala en su investigación que la empresa Consorcio Brades le compró parcelas en Campeche a Mansur, en una operación de lavado, el ex priista cuestionó en dónde estaba ese dinero que cobró su presunto prestanombres.

“Son hechos de una tercera persona. Se tienen datos de que tiene cuentas en el extranjero, concretamente en Suiza, donde ya se solicitó la asistencia jurídica”, dijo Pedro Guevara Pérez, el jefe de los tres fiscales.

Si bien la PGR ha dicho que una parte del dinero Mansur la habría invertido en el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, entre otros bienes, ahora ha dado a conocer que la huella del capital del presunto prestanombres llega hasta Suiza.

Según las investigaciones de la dependencia, esta persona vendió a precios inflados unas parcelas del ejido Lerma en Campeche a la empresa Consorcio Brades en una suma de 223 millones 800 mil 963 pesos.

Conforme a documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera a los que se tuvo acceso, la empresa le hizo 13 depósitos entre el 8 de octubre de 2012 y el 15 de febrero de 2016, para cubrir la totalidad del monto de la compra-venta.

Las hermanas Elia Arzate Peralta y Nadia Isabel Arzate Peralta, quienes fungían como administradoras de Consorcio Brades, fueron sentenciadas el pasado 12 de abril a 3 años con 4 meses de prisión, al admitir que en esa empresa lavaron dinero de procedencia ilícita.