Ciudad de México.- El PRI impugnó ante el Tribunal Electoral federal la prohibición del reparto de tarjetas durante los procesos electorales aprobada por el INE como parte de sus criterios para garantizar la “cancha pareja” en la contienda.

El tricolor alegó que el árbitro electoral se extralimitó en sus facultades al aprobar una reforma al Reglamento de Fiscalización por la que resolvió contabilizar como gasto la entrega de materiales en los que oferten o entreguen beneficios en efectivo o, en especie, como ocurrió con las tarjetas “rosas” repartidas por los candidatos priistas en los recientes comicios de Coahuila y el Estado de México.

El PRI sostuvo que la definición de las normas y prohibiciones en los procesos de precampaña y campaña corresponde al Poder Legislativo, no al INE.

“(El Reglamento de Fiscalización) únicamente debe establecer las reglas sobre las cuales los partidos políticos deben sujetarse para el registro y control de sus finanzas, pero en forma alguna para imponer restricciones a las actividades sustantivas de los institutos políticos”, refirió el tricolor.

El partido explicó que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) prevé que los artículos promocionales utilitarios son aquellos que contienen imágenes y emblemas, cuya finalidad es difundir la imagen y propuesta del partido o candidato que lo distribuye.

“Es completamente válido que un partido político defina el tipo de propaganda electoral mediante la cual pretenda explicar, por ejemplo, alguna de sus propuestas para reconocer económicamente el trabajo de algunos de los sectores más débiles en nuestra economía, como en su momento lo fue la tarjeta de apoyo a los adultos mayores, que se convirtió en un Programa de Gobierno”, ilustró el partido.

“En ese sentido, si la propaganda electoral que se reparte en forma de tarjeta incluye la presentación de un programa que será instrumentado como política pública no puede ser ilegal”.

El PRI también planteó que las restricciones aprobadas por el Consejo General en su sesión del 8 de septiembre imponen una censura a los partidos y viola el derecho de los ciudadanos a la información.

Además, dijo, los electores son suficientemente inteligentes para comprender que la promesa de un apoyo estará sujeta a las reglas de operación del programa que se instrumente.

“La prohibición para difundir propaganda electoral en forma de tarjeta, díptico o tríptico, en la que se promueva un programa social futuro, impone restricciones desproporcionadas al derecho de los partidos políticos para exponer su plataforma de Gobierno y sus plataformas electorales, en franca violación al derecho de información que tienen los ciudadanos para ejercer su voto de manera libre y efectiva”. precisó el partido.

“El INE ejerce una función de censura previa al prejuzgar la libertad del ciudadano, quien tiene la suficiente capacidad, madurez y libertad política para entender que, aun cuando se trata de la oferta de un beneficio futuro, está sujeto al triunfo del candidato y a las reglas de operación respectivas”.