La situación económica de México es alarmante. El cierre de más de un millón de empresas que ha tenido lugar en los últimos 15 meses no solo costará varios puntos al PIB, sino que, además, empujará a millones de mexicanos hacia la informalidad, lo que traerá diversos impactos negativos, como la pérdida de productividad y de competitividad, así como la caída de la recaudación de impuestos.

Nada más entre julio y septiembre de este año, 2 millones 200 mil mexicanos que laboraban en microempresas formales que quebraron se quedaron sin trabajo, de acuerdo con el Inegi. El Instituto también informó que la desocupación aumentó en 29 por ciento. En el corto plazo, eso repercutirá en una nueva contracción del mercado interno, lo que ocasionará que más negocios se vean en problemas por la falta de ventas. Ese efecto ya se observó con el Buen Fin y se está comenzando a reflejar con las compras navideñas. Y si hay menos ventas, por consecuencia, hay menos contrataciones de personal.

Coahuila presenta una de las menores tasas de informalidad en el país: 36.9% de nuestros negocios pertenecen a ese sector de la economía. Solo Nuevo León y Chihuahua están en mejores condiciones con respecto al nivel de formalidad, pero hay estados en los que prácticamente dos de cada 10 empleos son informales. Tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para evitar que las circunstancias arrastren a nuestras empresas y nuestros trabajadores hacia una realidad como la de Chiapas o Tabasco, por ejemplo.

Desde el Gobierno federal hablan y hablan de combatir la pobreza y las desigualdades. Está más que probado que pertenecer a la economía informal es estar condenado a sufrir injusticias, comenzando con la ausencia de las prestaciones que se garantizan desde la formalidad. Pero, no recibir vacaciones o aguinaldo no son las únicas desventajas. Los riesgos laborales, de todo tipo, son mucho más elevados en ese sector de la economía.

¿Quién inspecciona las condiciones de seguridad e higiene en los negocios informales? ¿Cómo se verifica que su personal se encuentre debidamente capacitado para actuar en casos de emergencia? ¿Quién pensiona, aunque sea de manera parcial, a los que sufren una incapacidad permanente por un accidente en su trabajo?

Desde la óptica de la 4T es el Estado el que tiene el deber de atender a los trabajadores informales. Brindarles salud, protección y seguridad. Pero es una lógica torcida que implica un gasto insostenible en el largo plazo. Lo que se debe hacer es promover a toda costa la formalidad y no un Estado “necesario”.

Sinceramente, pienso que ese un error del Gobierno federal de la 4T. Reconoce los problemas históricos, pero no los entiende. Por eso sus remedios terminan siendo peores que la enfermedad. Coahuila y México necesitan gobiernos que, al tiempo que aceptan que las malas decisiones del pasado tuvieron graves consecuencias, entiendan cuáles fueron esas equivocaciones e implementen medidas para corregirlas.

Con López Obrador y con Morena, evidentemente, eso no va a pasar. Ya tuvieron dos años para mostrar su capacidad para gobernar. Son un fiasco.