Ernesto Zedillo aprovechó su mayoría en el Congreso (300 diputados y 95 senadores del PRI) para reformar el Poder Judicial y disolver la Suprema Corte de Justicia en 1995. Algunos círculos vieron la decisión como un “golpe de Estado”, pero fue ampliamente respaldada dentro y fuera, pues erradicó vicios, privilegios y corrupción. La reforma redujo de 26 a 11 el número de ministros, limitó su periodo a 15 años (antes eran vitalicios) y otorgó al Senado la facultad para votar las propuestas del Presidente.

Zedillo anticipó en su discurso inaugural la reforma constitucional como “primer paso para una profunda transformación de nuestro sistema judicial”. El objeto era “lograr un Poder Judicial más independiente (…) fuerte y (…) capaz de cumplir con sus responsabilidades”. Ante Salinas de Gortari reprochó: “No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento”.

El Presidente ofreció “una y genuina reforma a las instituciones encargadas de la procuración de justicia para hacer frente a la extendida criminalidad, la frecuente violación a garantías individuales y derechos humanos y la grave inseguridad pública”. En esas instancias, dijo, “es donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas”. Un diagnóstico certero después de un Gobierno venal y autoritario.

Desaparecer la Corte le permitió a Zedillo deshacerse de nueve ministros nombrados por Salinas de Gortari para cuidarse las espaldas. En ese grupo figuraban Miguel Montes, más tarde designado por Salinas fiscal especial del caso Colosio (la primera hipótesis de Montes fue la de “una acción concertada”), y Diego Valadés, procurador General de la República cuando al candidato del PRI le dispararon en Tijuana después de un mitin. Uno de los jueces jubilados por la reforma fue el coahuilense Atanasio González, designado por el presidente Echeverría.

La SCJN zedillista la integraron: José Aguinaco, Sergio Salvador Aguirre, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez Cordero (actual secretaria de Gobernación), Juan Silva (de la Corte de Miguel de la Madrid), Humberto Román, José Gaudiño, Genaro David Góngora (opositor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de Ciudad de México, promovido por Vicente Fox), Juan Díaz, Juventino Castro y Mariano Azuela.

En el ensayo, La Reforma al Poder Judicial de 1994, ¿un golpe de Estado?, publicado en 2012, Guillermo Ruiz Morales (El Colegio de México) y Alberto Rocha Arrieta (UNAM), advierten: “El asalto cometido en contra de la Corte no fue más que el inicio de una serie de medidas que buscaban darle al Presidente una influencia transexenal”. Mencionan los casos de Silva Meza, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero y Aguirre Anguiano, quienes en ese tiempo formaban parte del Tribunal.

En sus memorias, Los Supremos de la Corte (Porrúa, 2019), Góngora Pimentel narra cómo Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón buscaron favores de la SCJN. Cuando Góngora presidía la Corte, Salinas le pidió ayuda “para cierto asunto que le molestaba” (Zedillo había puesto entre rejas a su hermano Raúl por enriquecimiento ilícito y el asesinato de Ruiz Massieu). “¡Claro, yo era el más adecuado! Pero, lo más educado que pude, ¡le dije que no lo haría! Después, en los desayunos que tenía con los señores ministros, les conté aquel incidente. Pude notar que un ministro prestó mucha atención a mis palabras. Después supe que ese ministro ofreció sus servicios al presidente Salinas para solucionar su problema”, (Proceso, 15.06.19).