En octubre de 2017, la Comisión de Selección designó a las y los primeros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila. Luego de un proceso de selección abierto, publicitado y transparente en el que 32 personas entregaron documentación como aspirantes a una de las cinco posiciones en el colegiado.

Luego, el CPC fue el responsable de proponer al Comité Coordinador, la terna para la designación de quien ocuparía la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. Esto, hacia finales del mes de noviembre de 2017, lo que marcó el inicio de los trabajos y confirmación del sistema en Coahuila.

Hoy por hoy, el Consejo Ciudadano está completo, sesiona y transmite en vivo los acuerdos, rinde cuentas y propone e impulsa acciones en apego a las leyes que lo rigen, al igual que las y los integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, cuyos titulares acuden a las sesiones a las que son convocados, incentivando la coordinación de estrategias en una visión de sistema.

Lo que no ocurre, lo que en el escenario nacional y en algunos estados, donde el riesgo o no sé si la intención políticamente hablando, es dejar que muera por inanición el sistema nacional y por lo tanto que desde los estados se comience a diluir la única oportunidad que los gobiernos, sociedad, colectivos, académicos, empresarios y la población en general han pedido a gritos: que acabe, o al menos se controle y sancione, la corrupción en el país.

Por lo que es digno de reconocer el litigio estratégico iniciado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, representado por la organización nacional Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la firma White & Case, que obtuvieron una orden judicial para ordenarle al Senado de la República agilizar la designación e integración del Comité de Selección del CPC, pues está incompleto desde marzo de 2020, con la salida de Octavio López Presa y la conclusión del plazo del primer Comité de Selección.

Por lo que es grave, desde cualquier punto de vista, que desde febrero de 2020 el CPC nacional opere con tres de los cinco integrantes con los que debe contar, y como lo marca la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo que, si para el mes de febrero de 2021 no hay Comité de Selección nacional, será inoperante el CPC nacional y ¿qué pasará con el SNA?…

Y hay que decirlo. En Coahuila, los y las diputadas en el Congreso local mostraron su compromiso con el Sistema Anticorrupción al designar a los nueve notables que integran la Comisión de Selección del CPC, que lanzará la convocatoria para la designación de la consejera que se incorporará el 5 de octubre, para garantizar que el colegiado mantenga su dinámica como lo marca la legislación en esta materia.