Dylan Esaú y Adolfo Gómez son dos nombres cuyo destino se enredó trágicamente. Mientras a Dylan, un niño de 2 años y 8 meses, lo sustrajo una mujer que no podía tener hijos, a Adolfo, un abuelo de 57, lo torturaron en prisión, hasta asesinarlo, porque no sabía nada del paradero de Dylan.

La demagogia punitiva es la regla de la política criminal mexicana y, sin la prudencia requerida, hasta el Presidente de la República puede ser cómplice de la monstruosidad.

Esta historia de horror comenzó después de las 4 de la tarde del martes 30 de junio, en el mercado popular del sur de San Cristóbal de las Casas.

Dylan Esaú jugaba, como todos los días, alrededor del puesto de frutas de su madre, Juana Pérez.

Con sigilo, dos adolescentes tomaron de la mano al menor y lo condujeron hacia una mujer, quien les pagó 200 pesos por el menor. Ella explicó a sus cómplices púberes que la estaban ayudando para recuperar a su hijo.

A partir de que Juana Pérez descubrió la desaparición de su hijo Dylan Esaú, ella comenzó una infatigable carrera contra el silencio.

Pronto la noticia alcanzó notoriedad en Chiapas, pero a Juana Pérez le pareció necesario escalar la presión y por eso viajó a la Ciudad de México. El miércoles 22 de julio la madre de Dylan se plantó afuera del Palacio Nacional para pedir apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Mandatario respondió de inmediato a la madre desesperada, en su conferencia mañanera: “Ya hay detenidos ,aseguró, tres señoras que se dedicaban a esto, y buscando a Dylan se dio con este lugar de encierro de niños… esta investigación llevó a encontrar 20 niños recluidos, una trata de menores en San Cristóbal”.

Días atrás de esta desafortunada declaración presidencial, siete policías, cuyo nombre aún se desconoce, afirmaron haber visto al señor Adolfo Gómez subirse a un transporte público con un niño que se parecía a Dylan.

Entonces, con la prisa que solo la política impone, fue detenido el sospechoso. Cuando su mujer, Josefa Sánchez, acudió ante la autoridad para pedir que lo liberaran, ella también terminó tras las rejas.

La Fiscalía estatal ordenó un cateo en la casa de esos dos abuelos originarios de Chictón, un poblado que se encuentra a hora y media de San Cristóbal de las Casas. Ahí se detuvo también a las dos hijas del matrimonio, María Hortensia y Maribel, así como a su cuñada, Juana Montejo.

En esa casa pobre del municipio de Ixtapan habitaban 23 menores, los cuales fueron trasladados por la policía a las instalaciones del DIF estatal, porque se supuso eran víctimas de trata.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, explicó a los medios que se trataba de una familia dedicada a explotar menores, obligándolos con violencia a trabajar y vender artesanías.

De golpe toda la presión del poder se concentró sobre la cabeza del abuelo de la familia. Fue por este motivo que el lunes 27 de julio Adolfo Gómez amaneció muerto.

La Fiscalía General de Chiapas aseguró, primero, que se había suicidado, pero cuando su cuerpo fue entregado a los hijos que no estaban en prisión, ellos constataron que su familiar había sido torturado.

La Fiscalía tuvo que desdecirse y aceptar que el viejo murió por estrangulamiento y que ese homicidio ocurrió mientras estaba bajo la custodia de la autoridad.

En México, a la hora de fabricar culpables e inventar montajes mediáticos, la política criminal se parece siempre a sí misma: mientras más vulnerables son las víctimas, peor es de canija.

Por fortuna Dylan Esaú ya está de vuelta con su madre. Una investigación discreta logró traerlo de regreso con su madre. En contraste, a Adolfo Gómez lo mató un golpe mediático demoledor.

ZOOM: Las conferencias mañaneras no pueden convertirse en el máximo tribunal de justicia de la nación porque sin separación de poderes, más y peores tragedias seguirán ocurriendo. Por lo pronto, el Presidente debe una disculpa a los familiares del hombre muerto y una investigación rigurosa sobre el proceder del fiscal Llaven Abarca.