El no hacer las cosas en tiempo y forma; el no aplicar con rigor las medidas -por más dolorosas que sean-, que exigen las circunstancias, tarde o temprano pasa factura.

Hoy Saltillo paga el precio de las omisiones, de los cálculos electorales, de la administración política de algo que de suyo no puede administrarse de esa forma, como lo es la pandemia.

Vivimos en la capital coahuilense una etapa crítica, con un crecimiento exponencial del número de contagios confirmados, el número de personas víctimas del virus que requieren hospitalización, y, lo más doloroso de todo, en el número de decesos.

Ante esto, las autoridades reaccionan con cierta desesperación: que reforzarán los filtros sanitarios, especialmente en la Zona Centro; que serán más rigurosos con la aplicación de multas a peatones y automovilistas que ignoren las recomendaciones, como el uso obligatorio del cubrebocas, y que pondrán especial énfasis en la supervisión de bares y cantinas, que ubican como detonantes en la expansión de contagios.

Anuncian que vigilantes de la salud encubiertos visitarán bares para detectar anomalías y, sobre todo, burlar la estrategia de halcones o centinelas con los que supuestamente los dueños de los antros logran superar las inspecciones, al ser advertidos de la inminente llegada de empleados municipales.

Esto, hay que entenderlo, busca inhibir, asustar, más que realmente cazar a los negocios omisos, ya de otra forma, pues no lo habrán anunciado.

De plano, las autoridades caen en la desesperación para intentar revertir un problema que no supieron o quisieron atacar en tiempo y forma.

Entonces, a pagar todos por las omisiones y los cálculos políticos de los máximos responsables de establecer las reglas y, sobre todo, hacerlas cumplir. Ojalá no sea muy tarde y que esto al menos sirva de lección: el costo de ser blanditos, en una pandemia, es demasiado alto.