“En Coahuila, el 52.4% de la población de 18 años y más, refiere que la corrupción es uno de los principales problemas que aqueja hoy a la entidad, por lo que es uno de los mayores desafíos que enfrenta. El instrumento con que los ciudadanos contamos para combatir esa problemática, es el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, como es el caso del SEA en Coahuila” (énfasis del original).

Así empieza el posicionamiento de instituciones civiles y empresariales de La Laguna acerca del proceso para nombrar al secretario técnico de la patraña llamada Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, urdido por el exgobernador Rubén Moreira.

Fechado la víspera del foro de consulta celebrado este martes, precisamente en La Laguna, de donde es originario el aspirante con mayor tufo moreirista, el documento está dirigido al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a sus equivalentes en estados y municipios, así como a la opinión pública.

El CPC y el Comité Coordinador del SNA lo encabeza Rosa María Cruz Lesbros, maestra en Auditoría por la UNAM, exconsultora internacional del Banco mundial y expresidenta del Colegio de Contadores Públicos de México.

Para alcanzar los objetivos del SEA “es indispensable asegurar la idoneidad de los perfiles que lo integran, y que los procesos de las convocatorias sean bajo los más altos estándares de objetividad, transparencia y ausencia de conflicto de interés, para elegir así perfiles con capacidad técnica, autónomos e independientes”, plantean los organismos firmantes: Coparmex, Canacintra, GEL, CLIP y CIT, del sector privado; y Participación Ciudadana 29, Consejo Cívico de las Instituciones, Observatorio Educativo y Movimiento Plaza Mayor, de la sociedad civil.

El argumento se soporta en el Decálogo para las Designaciones Públicas, recientemente emitido por el CPC nacional, dice el documento donde fijan su postura. Las normas se refieren de manera específica “a la imparcialidad y conflicto de interés”, en virtud de lo cual “los integrantes de los CPC locales, ‘se abstendrán de evaluar a cualquier aspirante con quien hubieran tenido o tengan relación laboral, gremial, colegial, familiar, profesional o personal, o a quienes a su vez les hubieran evaluado o elegido en el cargo presente o anteriores’”.

La postulación para secretario técnico de un exmiembro del Comité de Selección, cuyo nombre se omite –se trata de Luis García Abusaíd, como pudo ser cualquiera en su situación–, viola las reglas e incurre “en un claro conflicto de interés y posible favoritismo, puesto que los que hoy integran el CPC fueron electos por miembros del Comité de Selección”.

Los organismos no apoyan ni excluyen a nadie en particular, solo piden “respetar el Decálogo de Designaciones Públicas, abstenerse de considerar dentro de los perfiles (…) a exmiembros de la Comisión de Selección y asegurar la perspectiva de género durante todo el proceso”.

Advierten que “una Secretaría Técnica debe ser totalmente independiente y autónoma, con las capacidades técnicas y académicas que aseguren consolidar el Sistema Anticorrupción en Coahuila y en México”.

No son las credenciales de García Abusaíd las que se cuestionan, sino haber formado parte de la Comisión de Selección y del primer círculo del moreirato, responsable de la quiebra económica y del envilecimiento político del estado. Sería un error que quienes realmente toman las decisiones impongan a un secretario técnico vetado de antemano por la ciudadanía y descalificado por el SNA, aun cuando pudiera ser la mejor opción.