En el debate político de la semana, algunos defendían la presunción de inocencia de Guadalupe Taddei, pero el jueves la propia presidenta Sheinbaum dictó sentencia condenatoria al afirmar que había “traicionado la confianza del pueblo de México”.

¡Pffff!

La Auditoría Superior de la Federación todavía no termina de investigar lo ocurrido y menos aún la Fiscalía General de la República, pero desde Palacio Nacional ya salió un veredicto político lapidario.

Y eso que, durante su sexenio, López Obrador convirtió en mantra que se había “acabado la corrupción”.

Ocho años después de la llegada de la autollamada Cuarta Transformación, Taddei tuvo que dejar la presidencia del Instituto Nacional Electoral en medio de señalamientos sobre contratos, proveedores y posibles conflictos de interés que ahora investigan las autoridades.

Qué bueno que la corrupción ya se había acabado. Imagínense si no.

El jueves 22, Taddei todavía rechazaba dejar el cargo y, “tres doritos después”, el domingo 25 anunció su salida. Más bien la “renunciaron”.

Aunque Taddei no era funcionaria del Gobierno federal ni militante de Morena, el partido gobernante tampoco puede desentenderse de lo ocurrido. No se trata de cualquier cargo, sino de la máxima autoridad encargada de organizar las elecciones y garantizar el proceso democrático. Y fue precisamente Morena, junto con sus aliados, quien decidió darle más poder.

Taddei fue designada en 2023 mediante una tómbola en la Cámara de Diputados, después de que los partidos no alcanzaron un acuerdo. Ése es ahora el argumento de quienes pretenden deslindarse de su nombramiento. Es cierto que no fue una designación directa, pero su llegada fue celebrada por el oficialismo.

Hace dos años, Morena y sus aliados reformaron la legislación electoral para concederle los ahora llamados “superpoderes”.

Antes, los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas requerían una decisión colegiada del Consejo General.

Con la reforma, Taddei pudo hacerlos directamente, concentrando esa facultad en la presidencia y debilitando uno de los contrapesos internos del Instituto.

Por eso, la responsabilidad política no termina con la renuncia de quien ejerció esas facultades, sino que también alcanza a quienes se las entregaron, ignoraron las advertencias y ahora pretenden presentar todo como un problema individual y cargándole el muerto (valga la licencia por las fechas) a quienes antes encabezaron y formaron parte del árbitro electoral.

Monitor Republicano

El próximo martes, Estados Unidos celebrará elecciones intermedias que definirán buena parte de los dos últimos años del gobierno de Donald Trump.

Las encuestas apuntan a una ventaja demócrata en la disputa por la Cámara baja, mientras que en el Senado la contienda está más cerrada, aunque los demócratas también han ganado terreno.

Trump recorre los estados decisivos pidiendo el voto como si él mismo estuviera en la boleta. Se ve preocupado, y tiene motivos. Su prometida “golden age of America” contrasta con las preocupaciones por el costo de la vida, la gasolina, los operativos del ICE, y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

Para México también hay mucho en juego, tras meses de presiones de Washington en materia migratoria, seguridad y aranceles.

Si los demócratas recuperan alguna de las cámaras, Trump enfrentará mayores contrapesos, investigaciones y dificultades para sacar adelante su agenda.

La pregunta no es solamente cuántos escaños ganará cada partido, sino cuánto poder conservará el Presidente.

Trump no está en la boleta, pero el resultado llevará su nombre.