El Gobierno federal prepara un nuevo golpe en torno al escándalo del Cruz Azul. Fuentes de primer nivel me confirman que desde hace varios meses, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha estado dibujando una matriz de empresas, algunas reales y otras fantasma, a las que habría llegado dinero de la cooperativa cementera de manera irregular.

Son muchas transferencias y muchas personas físicas, según la información a la que tuve acceso, y los investigadores están terminando de cuadrar todos los movimientos financieros. Los delitos que podrían fincarse incluyen evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.

Hasta este momento, me dan a conocer, no han “amarrado” que en este entramado de empresas y dinero estén directamente involucrados Guillermo “Billy” Álvarez, su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés, los tres directivos cruzazulinos que formaron parte de la primera denuncia.

Este sería un segundo piso de esa primera denuncia, esa primera investigación que le revelé en diciembre del año pasado en estas Historias de Reportero y que se oficializó hace un par de meses. En diciembre de 2019, cuando di a conocer en esta columna lo que vendría, la respuesta virulenta de Guillermo Álvarez incluyó dos ataques: en varias entrevistas dijo que no era cierto lo que aquí yo había publicado y además presentó una denuncia en mi contra.

En esas andábamos cuando vino la pandemia, y en medio de esta, la realidad lo alcanzó: a finales de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de “Billy” Álvarez. Luego vino un descongelamiento con el objetivo de que la cooperativa pudiera seguir operando y los sueldos de los empleados no quedaran atrapados como víctimas de la disputa legal entre el Gobierno y el directivo.

Las mismas fuentes me dicen que aún no hay fecha para la presentación del segundo expediente -el que tiene que ver con la red de empresas vinculadas al dinero de la cooperativa- pero que están en la recta final de la indagatoria.

El manejo de este caso ha sido también motivo de una disputa en el interior del Gobierno de la apodada 4T, entre el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Saciamorbos

“Veneno embotellado”, le dicen ahora. Pero en 2019, el presidente López Obrador festejó y presumió como una muestra de confianza en su Gobierno, sendas inversiones de Coca-Cola y Pepsi.

En 2003, como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, expropió terrenos para dárselos a la cooperativa de otro refresco: Boing. El asunto de la expropiación llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revirtió la decisión de López Obrador. La votación quedó 10-1 en contra de AMLO. ¿Sabe de quién fue el único voto a favor que cosechó? De la entonces ministra Olga Sánchez Cordero.