Dos acólitos del clan Moreira con aspiraciones de poder sufren las consecuencias del estigma. Si con el mismo vigor con el cual Participación Ciudadana 29 (PC29) impugna a Luis García Abusaíd, quien pretende convertirse en secretario técnico del embuste denominado Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), reacciona la agraviada comunidad de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Juan José Yáñez Arreola tampoco será su futuro director.

La asociación civil PC29 fundamenta su rechazo a quien, como columnista del periódico Palabra se ostentaba como periodista independiente: “Nos parece un error y una incongruencia que se le pueda considerar para ocupar el puesto de secretario ténico del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que su pasado, vinculado a personas investigadas por hechos de corrupción, como Humberto Moreira y Jorge Torres López, pondría en tela de juicio la credibilidad de la institución”. El padrino político de García Abusaíd es Rubén Moreira.

Patricia Vargas Bryan, expresidenta de PC29, advierte que el SEA, además de inútil, representa una carga demasiado gravosa para el Estado. Pero aun así consiente: “Poco importaría la cantidad de recursos (…) si estuviera cumpliendo su función. Imaginemos cuántos recursos podríamos estar recuperando o cuántos atracos a las arcas públicas se estarían frenando si cada quien en el SEA estuviera haciendo su trabajo”. Empero, Rubén Moreira no ideó el sistema para echarse la soga al cuello, sino para perpetuar la impunidad para él y los suyos.

Decir que la designación de García Abusaíd pondría en duda la credibilidad del SEA es una sutileza, pues ese es su principal déficit. Un vistazo al sistema basta para conocer dónde están sus lealtades y a quiénes protege. Sandra Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); el exsubprocurador Alfonso García Salinas, premiado con un sinecura en el TJA; Homero Flores Mier, fiscal Anticorrupción; y Luis González Briseño, titular del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública fueron nombrados a dedo por Moreira II en complicidad con el Congreso.

El veto a García Abusaíd -secretario técnico de Humberto Moreira- es significativo pues procede de La Laguna, de donde es originario, y de una de las organizaciones más prestigiosas y reconocidas de Coahuila. Antes de las elecciones de 2017 que el PRI estuvo a punto de perder, PC29 y otros colectivos realizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno contra la corrupción moreirista. La misma protesta la llevaron a la Casa de Gobierno de Torreón. Si el Gobierno desea ganar credibilidad, necesita escuchar a la ciudadanía y nombrar en el SEA un secretario técnico ajeno a los interses del moreirato, pues hay otros secuaces embozados.

En el caso de la Facultad de Jurisprudencia, al que ya me he referido en un par de columnas, el candidato de Rubén Moreira sería descalificado si algunas denuncias de acoso sexual salen a la luz. La institución no puede seguir bajo la férula de una pandilla enferma de poder ni de las pulsiones de un director destituido. Donde tampoco la pasan bien algunos satélites del moreirato es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde el magistrado Juan José Yáñez Arreola ha puesto en su lugar al petulante trapecista Luis Efrén Ríos.