El acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México que entró en vigor el pasado 1 de julio, ofrece una oportunidad de consolidación de los sistemas locales anticorrupción y claro está del Sistema Nacional, pues por primera vez, un tratado internacional y primordialmente económico, incorpora una agenda anticorrupción con ejes precisos y que obligan al Gobierno federal y a los estados a cumplir las metas que marca el instrumento regulador de las relaciones internacionales y transfronterizas de México.

La meta del T-MEC es propiciar un esquema de negocios y crecimiento económico de las tres naciones en esta región de Norteamérica. Sin embargo, un elemento innovador es el tema de prevención, detección, control y sanción de la corrupción en los países firmantes, por lo que para México es una oportunidad relevante, para fortalecer los sistemas anticorrupción en la conformación que respalda la reforma constitucional de 2015.

Cuando entró en vigencia el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 1 de enero de 1994) nadie se imaginaba quizá los índices de afectación al gasto público y a la calidad de vida de las personas en las naciones involucradas, que generarían el pago de sobornos, el desvío de recurso público con fines particulares, el enriquecimiento inexplicable de servidores públicos y empresarios, la operación de compañías “fachada”, el uso indebido de información privilegiada, entre otras ilegalidades que ocurren y que han desatado escándalos mediatos no solamente en México, sino en EU y Canadá.

Las reglas del juego para los próximos años incluyen el control de la corrupción, el fortalecimiento de temas como la transparencia, la fiscalización del gasto y la aplicación de sanciones a quienes incurran en delitos de este tipo, para revertir además los índices de impunidad que luego son parte de la asignatura pendiente en los gobiernos nacional y los estados de la República Mexicana.

Contrataciones públicas, mejora regulatoria y el compromiso de promover el buen gobierno, la integridad de funcionarios, el estado de derecho y la eliminación del cohecho y la corrupción, nacional e internacional, es una de las rutas que marca el Capítulo 27 del T-MEC.

Aún con las voces que auguran el debilitamiento de los sistemas nacional y locales anticorrupción en México, la estrategia que marca el acuerdo comercial internacional en vigor, menciona ejes como: 1) La transición de una política criminal de resultados concretos hacía una política de prevención (que es parte de la agenda de las instancias que integran el Comité Coordinador del Sistema Local en Coahuila); 2) Garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, y algo por demás interesante; 3) Establecer la responsabilidad penal de las empresas por delitos de corrupción.

Son proyectos focalizados desde el ámbito internacional y la construcción de planes a corto largo plazo, que mucho tienen que ver con los avances que registran los sistemas locales anticorrupción como el de Coahuila, y que irán avanzando conforme quede delineada la Política Estatal Anticorrupción.