Enrique Peña Nieto era pródigo con el dinero del erario. En votaciones clave, cada diputado y senador recibía un bono extraordinario, algunas veces hasta de siete cifras, me contó un exlegislador sorprendido por la magnanimidad del Presidente.

El estímulo económico seguramente llegaba a las demás bancadas, pues el PRI no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, conjeturó mi fuente. La entrega la hacía el coordinador parlamentario. En el Congreso se crearon además bolsas millonarias, como el ramo 23 o “fondo de moches”, para premiar la disciplina de los diputados a la hora de modificar el presupuesto o de votar alguna otra propuesta de Los Pinos.

Los representantes populares disponían de asignaciones para obras, sin embargo, muchos entregaban el dinero al Gobernador de su estado; era una forma de hacer méritos. También aprobaban recursos federales para proyectos municipales, por los cuales cobraban comisiones de hasta el 35 por ciento. Las denuncias de alcaldes de distintos partidos pusieron los reflectores sobre Luis Alberto Villarreal y Manlio Fabio Beltrones, coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN y el PRI, respectivamente. El primero se ganó el título de “rey de los moches”.

El Congreso no solo era fuente de negocios y dinero. El PRI, PAN y PRD también se repartieron el Instituto Nacional Electoral (INE antes IFE) bajo el paraguas del Pacto por México. La reforma política planteaba en el capítulo de “gobernabilidad democrática”: reducir y transparentar el financiamiento a los partidos, disminuir los topes de gastos de campaña, racionalizar el uso de anuncios publicitarios, prohibir la entrega de materiales de construcción, despensas y otros productos durante las campañas. Asimismo, proponía endurecer la ley para evitar esquemas financieros y de recursos de origen ilícito destinados a la compra e inducción del voto.

El Pacto por México lo suscribió el presidente Peña Nieto con los líderes del PAN, Gustavo Madero; PRD, Jesús Zambrano; y PRI, Cristina Díaz, el 2 de diciembre de 2012. Un mes después, el excandidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, reveló que fue invitado a firmar el acuerdo con el anzuelo de incorporar “parte del proyecto alternativo de nación” a la reforma. La condición era reconocer al Gobierno de Peña Nieto (Aristegui Noticias, 27.03.13).

La reforma política de 2014 permite la reelección de alcaldes, diputados y senadores, y crea nuevos mecanismos de control. En 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de gobernador en Colima por la intromisión de las autoridades locales. Sin embargo, persiste la compra de votos, el uso de recursos públicos y otros vicios.

En 2017, la Unidad Fiscalizadora del INE acreditó que los candidatos del PRI a los gobiernos de Estado de México, Alfredo del Mazo, y Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, habían excedido los topes de gastos de campaña, una de las causales de nulidad. El TEPJF ratificó el resultado de ambas votaciones.

La Cámara de Diputados nombró en 2014 a los primeros integrantes del INE con el voto de los socios de Peña Nieto en el Pacto por México. Ningún partido tenía mayoría absoluta, pero el PRI, como primera fuerza en la 62 Legislatura, apadrinó a Lorenzo Córdova –presidente desde entonces–, Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo Centeno, Adriana Favela Herrera y Enrique Andrade; el PAN, a Benito Nacif Hernández, Arturo Sánchez y José Ruiz Saldaña; y el PRD, a Ciro Murayama, Alejandra Pamela San Martín y a Javier Castillo. Del grupo original, solo Córdova, Favela, Ruiz y Murayama permanecen en sus cargos, pues fueron electos para un periodo de nueve años.