Desde diciembre 31 de 2019, ningún pequeño productor de Coahuila –extractor, sería el término más adecuado– vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 9 y 17 de diciembre del año anterior, CFE compró las últimas 80 mil toneladas del mineral para surtir sus termoeléctricas ubicadas en Nava, a razón de 40 mil para la Central Carbón II y 40 mil para la Central José López Portillo. El suministro se realizó en 20 días, del 11 al 31, acarreando en promedio 4 mil toneladas por jornada.

Y se acabó el corrido. El primer semestre de 2020 ha sido un peregrinar, antes del Covid-19 y ya con emergencia sanitaria, para que la empresa productiva del estado, propiedad del Gobierno federal, los voltee a ver como gremio y evidentemente siga alimentando la cadena de consumo. Que no rompa el status quo. Que no le mueva. Que siga salpicando. A la fecha no existen respuestas asertivas.

Asunto diferente ha sido el de Corporativo Industrial Coahuila, S.A. de C.V. (CICSA) persona moral subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA) a quien CFE canceló en junio unilateralmente un contrato vigente por 14.7 millones de toneladas que le restaban por adquirir hasta 2021, con el argumento de que recibía este producto “caro y de mala calidad” (Zócalo, 21/06/20).

Para su funcionamiento y operación, las centrales termoeléctricas Carbón II y José López Portillo utilizan una mezcla de “carbón de diseño”, proporcionado por AHMSA a través de sus filiales en 70%-80% y obtenido en la cuenca de Río Escondido (Nava, Guerrero y Piedras Negras en Coahuila; y el condado de Maverick, en Texas) y un restante 30%-20% de los pequeños productores, extraído de la cuenca de Sabinas.

Hasta aquí no habría mayor inconveniente –salvo el medioambiental, por supuesto– para ponerse de lado de los carboneros y en contra de CFE a la luz del maniqueísmo y la polarización imperante, considerando que se trata de la principal actividad económica de la Región Carbonífera. Pero el asunto, como todo en la vida, no es blanco y negro ni de radicalismos. Hay una escala de grises entre ambas posturas, matices. Ahí es donde surgen los detalles.

Cito un caso paradigmático. Entre los beneficiados por la última licitación de 330 mil toneladas de carbón, identificada con el folio CFE-0001-CAAAA-0002-2019, y del “piquito” extra por 80 mil más relatado al inicio de la columna, figura el Alcalde panista de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, quien es propietario de la empresa Long Minin Group, S.A. de C.V., a través de la cual vendió mineral a la CFE, como consta en el oficio PRODEMI/DG/52/20 del 28 de junio y otro sin folio que lo identifique aunque dirigido a quien esto escribe, con fecha 23 de mayo de 2019.

En ambas comunicaciones la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) admite que la razón social del Edil participó en el concurso junto a otras 68 y 77 que resultaron ganadoras en abril y diciembre respectivamente, sin determinar cantidades ni precios.

Hagamos entonces, un ejercicio. Si se prorratea el monto de carbón entregado a la CFE entre todas las empresas participantes, y se multiplica el resultado por los mil 137 pesos por tonelada que fijó CFE como precio base de compra, tanto en el convenio inicial (330 mil toneladas) como en el modificatorio (80 mil toneladas), arroja 6 millones 127 mil pesos a favor de la empresa de Long en 2019. Nada despreciables.

En funciones desde 2018, es un Edil joven –32 años– que ganó la reelección bajo el emblema del PAN y gobernará San Juan de Sabinas –si no sucede nada extraordinario– hasta 2021 este municipio de 45 mil habitantes.

Sin embargo Long Minin Group, S.A. de C.V. fue constituida en Sabinas el 17 de agosto de 2015. Su accionista mayoritario es él, Julio Iván Long Hernández, y el restante porcentaje lo posee su madre, Adriana Guadalupe Hernández Aguilar (una de los 75 militantes del PAN en Nueva Rosita, por lo demás). Como administrador único de la sociedad figura el mismo Long, y como comisario aparece su hermana, Perla Viridiana Long Hernández.

Llama la atención que, de acuerdo con datos de la PRODEMI, no fue favorecido en la última gran solicitud de carbón que demandó la CFE, en 2017, y no fue hasta 2019, ya en funciones de alcalde, cuando comenzó a vender el mineral. En 2017, justo es decirlo, su padre, Julio Iván Long Díaz, había sido favorecido mediante otra empresa familiar: Long Maining Co, S.A. de C.V.

Cortita y al pie

Mientras en España se apagaron definitivamente siete centrales térmicas en junio, con el objetivo de reconvertir la industria y dejar de quemar el combustible fósil por contaminante, en Coahuila nos ubicamos a la zaga, inmersos en el subdesarrollo y un debate –por llamarlo de alguna manera– sobre quiénes deben lucrar con el huachicol de piedra.

La última y nos vamos

No le resulta por lo menos escandaloso que un alcalde, quien gobierna uno de los municipios de tradición minera del estado, San Juan de Sabinas, en la Región Carbonífera, sea quien haga negocio particular. ¿Forma parte del paisaje natural? ¿Se le considera un mal necesario?

Para reflexionar, ahora que se acerca la hora de las definiciones en torno a la industria del carbón en Coahuila y su relación con AHMSA y CFE.