En octubre de 2019, una o dos semanas después de que inició el último año del período de mi designación en el primer Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila, platiqué con Miguel Monroy Robles, director de COPARMEX Coahuila Sureste, porque en la propuesta del programa de trabajo del CPC de este año, habíamos incluido una herramienta de gestión antisoborno, que involucraba a la iniciativa privada y el sector público.

Miguel, con una visión proactiva y con el objetivo de construir una agenda conjunta, colocó sobre la mesa la idea de diseñar una ruta de trabajo con el CPC, la academia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, la certificadora CONOCER (SEP federal) y con el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.

Después de más o menos ocho meses de reuniones, se logró integrar el Comité de Gestión por Competencia, cuyo objetivo es alcanzar la evaluación y certificación de personas involucradas en transacciones o actos, en los que se deba atender un modelo de conductas aplicables a procedimientos normativos, para dar cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Las personas certificadas a través del estándar tendrán la capacidad y la habilidad de identificar conductas que puedan representar hechos ilegales en operaciones, trámites y actividades financieras entre la administración pública y la iniciativa privada, faltas que son sancionadas por la referida legislación.

Influir e incentivar las buenas prácticas a través de esta herramienta de certificación avalada por la Secretaría de Educación Pública Federal a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), es una de las propuestas de trabajo y uno de los entregables del CPC, en vinculación con COPARMEX Sureste.

Se trata de una certificación única en su tipo, pionera en el país y que tiene incidencia tanto en la parte pública, como en la privada, en materia de prevención de posibles hechos de corrupción o faltas administrativas. Y lo más relevante, es que lleva la visión del propio Consejo Ciudadano, la IP, la academia a través de UANE y AIDH, así como del Instituto para la Certificación, Competencia y Capacitación (INCCYC) y el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, desde donde la magistrada presidenta Sandra Rodríguez Wong, ofreció el acompañamiento para la construcción del estándar.

Frente a la amenaza de la dilución del Sistema Nacional Anticorrupción y de quienes podrían o no estar empeñados en que los sistemas locales y la participación ciudadana se diluya cada vez más en este ámbito, hay quienes le abonan y creen en el Sistema Local Anticorrupción. Uno de ellos es Miguel Monroy, quien sumó y le aportó al debate, a un proyecto ambicioso, a un entregable, a las horas de discusión para el diseño de la certificación por competencias y quien mantiene un discurso propositivo y crítico sobre lo que hay que mejorar en la agenda del Consejo de Participación Ciudadana.