Esta semana ha entrado en vigor el T-MEC y no puede evitarse pensar ¿quién se habría imaginado? que 26 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, sería uno de los opositores –no solo de aquellos tiempos– sino de todos los tiempos, quien signaría, un nuevo acuerdo, con el que se actualizan rubros en materia laboral, ambiental y energética, entre otros rubros, sin duda, ni el titular del Ejecutivo.

Y es que de ahí la importancia de –lo que se dice y decir lo que se piensa– por otra parte, aunque es manifiesta la falta de congruencia –de dicho y de hecho– del Presidente, México es un país de instituciones, con un sólido marco jurídico en donde coincidimos mujeres y hombres, que sabemos anteponer los intereses de México, a los personales e incluso partidistas, pero ante todo a los apasionamientos propios.

En Acción Nacional tenemos eso, congruencia, por ello (parafraseando a Gómez Morín) puedo afirmar que sabemos reunirnos en lo que no es común, apartando lo que nos separa, disputando en lo disputable, sin dejar de luchar reunidos en lo indiscutible: en aquello que es lo mejor para México y este es el caso, no podemos cerrar el paso al desarrollo y el crecimiento de nuestro país en la región, en medio de las circunstancias sanitarias y el impacto económico que conllevan.

El instrumento entre los tres países plantea las reglas para procurar la armonización legislativa y regulatoria en materia de seguridad, salud pública, protección al medio ambiente, lo que incluye la protección de los recursos naturales no renovables, así como en materia financiera.

Con esto se busca apoyar el comercio y el crecimiento económico en la región, previendo la protección de los derechos laborales, con mejores condiciones de trabajo.

Cabe mencionar que el T-MEC incorpora un capítulo con el tema sobre medio ambiente, que deja de ser un anexo, con esto se reconoce la relevancia de contar con un medio ambiente sano, modernizándolo para mejorar la efectividad de la cooperación ambiental, fortaleciendo las políticas comerciales de la mano de las políticas ambientales, cumpliendo así con las obligaciones de los países integrantes con los acuerdos multilaterales de los que también forman parte.

Así, se contempla que cada uno de los países miembro, contará con procedimientos apropiados para la evaluación del impacto ambiental de los proyectos que proponga el nivel central de Gobierno y que puedan causar efectos negativos al medio ambiente, también se establece que deberán tomarse las medidas para controlar la producción, consumo y comercio de sustancias que agoten y modifiquen la capa de ozono.

Por cierto, el T-MEC establece fomentar y promover la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad biológica, al tiempo que reconoce el conocimiento y prácticas de los pueblos indígenas y “comunidades locales”.

En contraste las acciones del Gobierno, son contrarias –como ya he señalado– a través del reiterado ataque a las políticas e instituciones ambientales de nuestro país, en esencia la razón de ser de este tratado, como lo fue y lo sigue siendo, es el establecer el margen de acuerdo y colaboración que permita un crecimiento económico en la región, con base en un piso mínimo de entendimiento, sin embargo, mientras se suscribe un instrumento de esta naturaleza, el Gobierno mantiene una política contraria, para ello baste recordar los proyectos prioritarios como el Tren Maya o la imposición de una política energética con base en la ilegalidad, que no solo afecta al medio ambiente sino la inversión, en este caso de las energías limpias.

Por tanto, no solo es en este sentido en el que observamos la incongruencia, bajo las actuales circunstancias, impera la imposición, la opacidad, la división alimentada por arengas discursivas, la incertidumbre económica, la inseguridad y la negativa sistemática a convocar a un acuerdo nacional, para implementar un plan de emergencia económica.

A cambio, el titular del Ejecutivo realizará su primera visita oficial de trabajo a Washington, para celebrar la ratificación del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con el presidente Trump, que como pocos, ha hecho manifiestas expresiones de discriminación e intolerancia hacia los mexicanos.