El decreto que emitió el Gobierno del Estado es, en su fondo, contundente: Se emite la declaratoria de emergencia para Coahuila, ante la inminencia de un desastre sanitario, derivado de la pandemia del Covid-19.

Y por ello se establece la suspensión de actividades, del 1 al 31 de julio, de bares, cantinas, salones de fiesta, cines, teatros y gimnasios, así como la suspensión de todo tipo de eventos masivos de carácter cívico, oficial, cultural, deportivo, de recreación, turístico, gastronómico y religioso.

Ahora, las ambigüedades de forma: el mismo decreto establece que los subcomités regionales podrán modificar las medidas que prevé el decreto.

Entonces tenemos que a nivel estatal se declara la emergencia por el inminente desastre sanitario, pero a nivel municipal, en Saltillo por ejemplo, se autoriza la operación de restaurantes, hoteles, museos, gimnasios y albercas, entre muchos más.

Y aún más, en la Región Laguna, el actual epicentro de la pandemia, donde el ritmo de contagios y decesos es francamente acelerado, donde evidentemente el Covid está desatado, pues también se autoriza la reapertura, entre otros giros, de restaurantes, mercados al aire libre, gimnasios y ceremonias religiosas.

No queda más que pedirle a todos los santos, a las divinidades, que por favor alguien nos diga exactamente dónde estamos parados y exactamente qué significa un estado de emergencia, “por la inminencia de un desastre sanitario”.

Sí, por donde le busquen, el fondo y la forma de este decreto simplemente no cuadran.