Desde un principio cuestioné el decreto del gobernador Enrique Alfaro de Jalisco. “Las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio –anunció el 19 de abril–. Quien no las cumpla será sancionado y la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. Ese mismo día advertí en Twitter: Al final, todos los políticos llevan a un pequeño dictador dentro”.

El 21 de abril escribí en estas páginas que la Constitución nos otorga derechos que solo pueden ser restringidos por un estado de excepción decretado por el Presidente y con respaldo del Congreso. Añadí que los países con confinamientos forzosos no han tenido más éxito en la lucha contra la pandemia que los que han preservado las libertades: “Los gobiernos deben abstenerse de violar los derechos individuales. Es correcto que promuevan medidas sanitarias, como el aislamiento o el uso de mascarillas, pero utilizar la fuerza pública contra la población que solo busca sobrevivir es intolerable en una sociedad democrática”.

Sin embargo, una cosa es cuestionar una decisión de Alfaro y otra avalar movilizaciones golpistas en su contra. Esto es lo que hemos visto en los últimos días con el pretexto de la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años detenido el 4 de mayo por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

El 4 de junio, un mes después, se llevó a cabo una violenta manifestación contra Alfaro en Guadalajara. Los grupos políticos que la organizaron no se preocupaban por la muerte anterior de Yaír López a manos de policías de Tijuana, porque los gobiernos de Baja California y de Tijuana son morenistas y, por lo tanto, amigos.

Christian Daniel López, hermano de Giovanni, ha afirmado que este fue detenido y asesinado por no usar cubrebocas y ha culpado personalmente al gobernador Alfaro. “Nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano”, declaró. Las autoridades municipales han afirmado que fue detenido por haber agredido a policías.

El movimiento no protestó contra el alcalde priista de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, ni contra los policías que detuvieron a Giovanni. Su objetivo era el Gobernador, a quien el presidente López Obrador ha tildado de traidor por no haber respaldado su campaña de 2018: “Alfaro es salinista”, ha dicho. La prueba es que “nos traicionó cuando yo lo invité a participar al movimiento; dijo que no le interesaba, que él no coincidía conmigo”.

A los políticos les gusta manipular las tragedias humanas. Lo hemos visto con las afirmaciones de que Felipe Calderón y Margarita Zavala fueron los responsables de las muertes de los 49 niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, o Enrique Peña Nieto del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No recuerdan a José Luis Abarca, el Presidente Municipal perredista cuya policía levantó a los jóvenes, porque tuvo en su momento el respaldo político de López Obrador.

Pero ni los niños de la guardería fueron asesinados por Calderón ni los normalistas por Peña Nieto. López Obrador tampoco es responsable de los actos de Abarca ni de los 137 muertos de Tlahuelilpan, Hidalgo, ni de los nueve del hospital regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco, que recibieron heparina sódica contaminada.

Nuestros políticos deben aprender a debatir con argumentos y propuestas. Manipular las muertes para enlodar a los rivales es inmoral.

Liberales

“O somos conservadores o somos liberales –dijo AMLO este 6 de junio–. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación”. Yo siempre me he pronunciado por las políticas liberales, las que garantizan las libertades individuales. El Presidente impulsa, en cambio, muchas medidas conservadoras con las que estoy en desacuerdo.