El juego de la democracia per se se presta a una serie de asegunes, unos malos y otros no tan buenos. De hecho, considero que es el sistema de elección y representación más perfectible. Pero aún quedan muchas cosas por hacer con nuestra casi naciente democracia, no solamente de fondo y plasmada en nuestra Constitución, sino también de práctica.

Podemos decir que, relativamente desde hace casi 30 años, estamos viviendo un real juego de la democracia en nuestro país. Ahora bien, en nuestro sistema democrático se han suscitado una serie de controversias y perspicacias recientemente. Hablemos del caso Bonilla.

El 2 de junio de 2019 la ciudadanía bajacaliforniana acudió a las urnas para elegir gobernador por dos años. Ante este hecho, resultó ganador con 50.61% de los votos la coalición Juntos Haremos Historia, en donde resultó ganador Jaime Bonilla Valdez. Todo parecía transitar bien, sin embargo, desde el año pasado Bonilla intentó manipular la ley para poder permanecer más de dos años –tiempo para el que fue electo–.

Es evidente un flagelo al estado de derecho, el grado de la controversia se elevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando el respecto irrestricto a la Constitución y a la decisión en las urnas.

A saber, la duración del cargo por dos años para los representantes elegidos ese año, no fue una modificación reciente, sino que ocurrió en el año 2014, cuando se publicaron las reformas a la Constitución local, con el objetivo de homologar los procesos locales con los federales.

Con lo anterior, no se pretendía sino mejorar la eficiencia de los procesos electorales, sus costos y mejorar la abstención, ya que ese Estado es una de las entidades federativas con mayor abstencionismo. En ese contexto –como en todos los parecidos– es fácil construir con base en verdades medias, edificar realidades alternas, además, se presta a pretensiones autoritarias.

Fue el 8 de julio de 2019 cuando el Congreso del Estado de ese entonces aprobó la malograda Ley Bonilla. El diputado local de Morena Víctor Morán, acompañado de una mayoría panista, aprobó la duración de la Gubernatura. El pretexto para aprobarla fue que esto representaría un ahorro para el erario público. 21 de 25 diputados locales la aprobaron.

Ello propició que el PAN expulsara de sus filas a quienes votaron por ella. El revuelo generado hizo que el Gobierno convocara a la realización de una consulta ciudadana (a pesar de que no se contempla en su Constitución local). Cabe mencionar que, conforme a nuestra Constitución, la materia electoral no puede ser objeto de consulta, y mucho menos en año electoral, además, le corresponde al órgano estatal electoral, la organización de las consultas populares.

El extremo: los magistrados federales respaldaron el fraude a la ley que se planteó como consulta patito, porque el haberlo hecho fuera de la ley, por los motivos expuestos, era lo que hacía que los tribunales no pudieran intervenir y detener su realización.

El pasado 12 de mayo, por unanimidad y en poco más de dos horas, y en pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las reformas a la Constitución de Baja California, conocidas como Ley Bonilla, en donde se pretendía que Jaime Bonilla Valdez extendiera su periodo hasta el 2024.

Un coahuilense estuvo presente en esa lucha jurídica y debo reconocer que su aportación fue fundamental para que el estado de derecho se restaurara en Baja California; que fuera desechada “la Ley Bonilla”, la cual a todas luces violaba no solo la Constitución local y la federal, también muchos principios del derecho; nacido en Saltillo, y que me honra con su amistad, José Guadalupe Martínez Valero.

Se violó el principio de certeza electoral. Uno de los ministros explicó: “no puede haber una elección democrática sin el conocimiento certero de la duración del cargo”. El efecto de esta decisión es que se vuelva al texto anterior de la Constitución del estado, en donde Bonilla terminará el 31 de octubre de 2021.