Hace unos días el presidente López Obrador reiteró su postura en torno a los empresarios. No hay salvavidas para ellos, solo para el colectivo anónimo que él ha denominado los pobres. Al afirmar que las empresas quebrarán por culpa de sus accionistas reafirma la idea de que el empresariado mexicano se ha creado y desarrollado asociado con los conservadores bajo el manto de la corrupción, por eso no se debe aceptar el financiamiento que ofrecía el BID. Este discurso difícilmente encuentra sustento en la realidad.

Su postura ante la difícil situación que enfrentan las empresas, en especial en lo que refiere al manejo gubernamental de la pandemia, es totalmente ilegal. El Artículo 25 constitucional ordena al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Esto para garantizar que sea integral y sustentable mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo para una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

Varios temas a destacar, pues resulta que todo esto le toca hacerlo al Estado y el Jefe del Estado mexicano es el Presidente. Resulta que contrario a lo que ha repetido hasta el hartazgo, el crecimiento económico sí importa, lo dice la Constitución.

Igualmente debe planear y conducir la actividad económica nacional. Muy importante también el mandato para que en el desarrollo económico nacional participen los sectores público, social y privado.

Este mismo discurso contraviene diversas normas, como el Código Fiscal de la Federación que faculta al Presidente para otorgar estímulos, exenciones y parcialidades en el pago de contribuciones.

A diferencia de las empresas, el Gobierno no conoce el punto de quiebra. El tiempo es un aliado que permite manejar estas crisis, el Gobierno puede no cobrar los impuestos el día de hoy, las empresas no tienen mañana. El ruido es tanto que se pasan por alto temas obvios. El Gobierno obtiene sus ingresos del petróleo, de préstamos, de inversión extranjera y de impuestos. Hoy el petróleo no vale nada, la calificación crediticia del país es mala, nadie prestaría dinero, la inversión extranjera ha sido sistemáticamente ahuyentada, solo quedan los impuestos para obtener el dinero que regularmente se regala a las clientelas partidistas.

La sorpresa es que, si no hay empresas, no hay impuestos, tampoco empleos, tampoco dinero para regalar a la creciente cantidad de personas necesitadas. No hace falta ser un genio para ver a donde va esta crisis si no se cumple con lo que manda la Constitución y el Presidente, como Jefe del Estado mexicano, cambia su postura hacia las empresas, es lo legal, es lo correcto y es la única opción. Falta que pronto nos topemos con que el que requiere salvavidas sean el Gobierno y los desempleados y no los empresarios.