El domingo pasado se publicó en este mismo espacio una investigación acerca del millonario negocio a costa del erario que hace una empresa particular en Torreón con la recolección de escombro: 35 millones 132 mil pesos agenciados en solo nueve meses, vía dos contratos adjudicados a su favor por el Ayuntamiento; uno en agosto de 2019 y otro en marzo de 2020, ambos durante la Administración del panista Jorge Zermeño Infante.

Al respecto, existe un dato adicional que no fue mencionado la semana anterior: uno de los dos socios de la referida sociedad mercantil Vértice de La Laguna, S.A. de C.V., Vicente Valles Villarreal, es yerno del director de Servicios Públicos del Municipio, Eduardo Sáenz Herrera. Es decir, del funcionario responsable de operar el programa privatizado a terceros, lo cual genera un claro conflicto de interés.

Antes de avanzar más en el caso, trataré de resumir los detalles en una cáscara de nuez por si acaso usted no lo conoce: la persona moral se creó dos meses después de que Zermeño asumió la presidencia municipal, en febrero de 2018, y se inscribió en el padrón de proveedores y contratistas al iniciar este su segundo periodo consecutivo, en enero de 2019, manifestando que su giro ante el SAT es el alquiler de oficinas y locales comerciales, así como viviendas no amuebladas.

Pese a contar con un capital social de solo 50 mil pesos de acuerdo con su acta constitutiva –en poder de quien esto escribe– y originalmente no incluir en su objeto social el acarreo de materiales de construcción, se le contrató el 14 de agosto de 2019 por 10 millones 376 mil 789 pesos para recolectar cascajo y desechos vegetales en el plazo del 15 de agosto al 20 de diciembre del año pasado. Aún cuando el monto debía forzosamente ajustarse al presupuesto autorizado, Vértice de La Laguna, S.A. de C.V., recibió en realidad 13 millones 338 mil 974 pesos a razón de cuatro pagos electrónicos (dos en octubre y dos más en noviembre de 2019) y cuatro cheques (dos en enero y dos más en febrero de 2020).

Dicho en otras palabras: fue beneficiada con 28.5% extra.

Y ahí no acaba el asunto. Ya con la emergencia sanitaria decretada y publicada en el Periódico Oficial, y seis casos de coronavirus en la ciudad (al día de hoy existen 113 contagios y las prioridades del gasto público evidentemente son otras), el 23 de marzo de 2020 se le contrató nuevamente por 21 millones 793 mil 862 pesos para realizar el mismo trabajo, de abril a diciembre de 2020. Un privilegio en tiempos de pandemia.

Sin embargo se dijo aquí que tendrían que demoler la Muralla China, o cuatro distribuidores viales como el Revolución, para sumar la cantidad de acarreos que significa el dinero gastado por el Ayuntamiento. Algo a todas luces desproporcionado, por no decir imposible, considerando que la industria de la construcción está paralizada en este momento.

Ahora sí, al punto que nos concierne. Si bien el otro socio al 50% de las acciones en Vértice de La Laguna, S.A. de C.V., Manuel Guillermo Herrera Silveyra, pertenece a la popular familia Herrera de Gómez Palacio, Durango, el actor principal es Vicente Valles Villarreal quien, como se mencionó al principio, es yerno del director de Servicios Públicos del Municipio, Eduardo Sáenz Herrera.

No se trata de cualquier coincidencia. Dicha relación encaja en el supuesto establecido en el Artículo 52 fracción 13 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, la cual señala que todo servidor público deberá “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Cortita y al pie

Pero la realidad es otra. Entrevistado el 15 de enero de 2020 por Noticias, El Sol de la Laguna, Sáenz Herrera dijo que, “han sido realmente un éxito estos centros de transferencia (de escombro), por lo que necesitamos seguir con esta dinámica (o sea contratar nuevamente a su yerno)”.

Y cómo no considerarlo “un éxito”, si en el affair es juez y parte. Dicho en otras palabras: ahí, frente a nuestras narices, hay un negocio particular de 35 millones de pesos con recursos públicos establecido a base de tráfico de influencias. Una de dos: el Alcalde de Torreón es cómplice u omiso de su amigo y subordinado. Aunque ninguna de ambas posiciones es válida en su defensa. Y el Cabildo, ¿dónde está? Y la Contraloría Municipal, ¿para qué sirve?

La última y nos vamos

Ahora bien, ¿todavía existen la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción?, ¿o desde la emergencia sanitaria ya todo es descaradamente simulación y se reveló su justa y real dimensión de instituciones que valen lo mismo que un cero a la izquierda?