Antonio es un ciudadano común, trabajador, operador de un tractocamión, padre, esposo y principal sustento de su hogar. Por desgracia, desde el inicio de esta crisis pandémica, la empresa en la que trabajaba empezó a resentir los estragos de la paralización económica. Por lo mismo, le ordenaron esperar hasta que se regularice el flujo de transporte del material que entregaba en diversos puntos de la República.

El breve encierro y la incertidumbre ocasionaron pronto discusiones en su hogar. Antonio vio con sorpresa que su mujer, la que suponía le esperaba impaciente después de cada viaje de trabajo, ahora poco le toleraba, y al mínimo detalle explotaba. Al punto de empezar a sugerir una separación inmediata y hasta el divorcio. Un día, tras una breve salida a visitar a sus padres, Antonio encontró a su regreso, en la puerta de su casa, parte de su ropa. Apenas preguntó el motivo de esa acción, recibió una retahíla de insultos y amenazas por parte de su mujer, la cual -sin decir más- le cerró la puerta en la nariz, al tiempo de advertirle que si volvía a pararse en el domicilio conyugal, le mandaría a las celdas de la cárcel municipal.

Desde entonces, Antonio ha vivido días en casa de sus padres, de amigos, hermanos y hasta en la calle o en su coche; bueno, esto último hasta que por desgracia se topara a su mujer en un centro comercial y esta, enfurecida, proyectó su camioneta en múltiples ocasiones contra su vehículo, hasta dejarlo inservible. Antonio pidió ayuda al 911, pero jamás llegó, esto por causa del cerco sanitario, según le dijeron.

Al día siguiente, intentó presentar su denuncia ante la primera agencia del Ministerio Público, pero le dijeron que por las medidas sanitarias no había personal para recibir su querella, que volviera algunos días más. Una semana después regresó, le reclamaron por haber dejado pasar tantos días, y le indicaron que en consecuencia deberá presentar su denuncia en la mesa especializada, es decir en otra parte más lenta en resolver, situación que no ha sucedido, dado que hay poco personal, por lo mismo, lo de la pandemia.

Ahora, Antonio espera, cansado, que el Ministerio Publico emplee algún método que permita atenderle eficazmente en este tiempo de pandemia. De igual forma, se encuentra atento para saber qué día, los juzgados de primera instancia abrirán sus puertas para exponer al juez familiar sus problemas, ya que su abogado le ha dicho que, dado que en su caso no hay menores de edad y tampoco peligro real en su seguridad o su salud, deberán esperar hasta que la labor jurisdiccional regularice su funcionamiento, ya que por la pandemia ha suspendido actividades.

El caso de Antonio es real, igual que el de Claudia, quien, por desgracia prestó su casa a su exsuegra, la cual ahora cínicamente la retiene, negando el préstamo, asunto que lleva cuatro años en litigio. O como José, a quien le falsificaron la firma y de pronto su terreno tenía nuevo dueño, lo que lo tiene inmerso en un litigio de más de siete años. Sin duda, a estos ciudadanos coahuilenses, además de sus problemas, hay otra cosa que les une: ellos, como muchos otros, confundidos se preguntan diariamente: ¿por qué la administración de justicia, que tanto se necesita, nunca, y ni en tiempo de pandemia, ha podido ser considerada por los gobiernos como una actividad esencial?