Javier Corral recibió Chihuahua como Miguel Riquelme a Coahuila: sumido en la corrupción y maniatado por las deudas. El panista demandó a su predecesor César Duarte, prófugo en Estados Unidos. También ha puesto entre rejas a funcionarios prominentes de esa administración y recuperado ranchos, propiedades y dinero.

Nombrado para un periodo de cuatro años y 11 meses, a efectos de empatar la siguiente elección estatal con la federal del año próximo, Corral y su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), destacan entre los líderes de oposición y en sus respectivos partidos.

Desde el principio de su mandato, Corral propuso al entonces presidente Peña Nieto reformar la Ley de Coordinación Fiscal, sugerida ahora por sus homólogos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, sin obtener resultados. Las condiciones hoy no son las propicias, dice. Tiene razón.

El poder del presidente López Obrador es abrumador: domina el Congreso, su partido gobierna tres de los cinco estados con mayor número de votantes –Ciudad de México, Veracruz y Puebla– y controla 20 de las 32 legislaturas locales.

Morena es también la primera fuerza en Estado de México, cuyo presupuesto rebasa los 300 mil millones de pesos. Políticamente, el gobernador Alfredo del Mazo (PRI) es un cero a la izquierda.

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder interino de Morena, coincide con Barrio en lo inoportuno de la iniciativa, presentada en el entorno de una emergencia sanitaria sin precedente. Incluso advierte oportunismo político: “No es momento de pensar en los procesos electorales de 2021. La campaña que ellos han emprendido vulnera la acción del Ejecutivo federal. El daño que están provocando al país es enorme”, señaló en una videoconferencia.

Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, cargo del cual se separó mientras Morena elige a su nuevo presidente, Ramírez informó que los estados recibirán alrededor de 2 billones de pesos este año y que incluso Hacienda les ha adelantado participaciones. Sin descartar una revisión al pacto fiscal, el exlíder de El Barzón critica a los gobernadores por “negarse sistemáticamente a ser corresponsables en la recaudación de impuestos”.

El primer paso para reformar la Ley de Coordinación Fiscal debe darse en las urnas –dice Corral–, pues con un Congreso dominado por Morena es difícil avanzar. “Les propondría que nos organicemos para impulsar un reacomodo de fuerzas en la Cámara de Diputados que nos permita contar con una mayoría distinta, que no esté al servicio del Presidente, sino de la nación, y que con esa nueva mayoría busquemos la reforma fiscal necesaria” (Reforma, 20.04.20).

Los diputados del partido en el poder e incluso de otras siglas siempre han sido comparsa del Presidente de turno. Sin embargo, desde la alternancia, su lealtad pasó a los gobernadores, quienes empezaron a nombrar candidatos y a financiar sus campañas. En un contexto de gobiernos divididos, las bancadas de los mandatarios locales les daban fuerza para proteger sus intereses y obtener mayores fondos federales.

El triunfo de López Obrador, en 2018, rompió ese círculo vicioso. De los 500 escaños de la Cámara baja, Morena ocupa 257 (51.4%) y el PAN, PRI y PRD, juntos, 135 (27%). Pero con los 76 diputados del PT, PES y Partido Verde, el Presidente tiene el 66.6% de los votos del Congreso para aprobar o vetar cualquier iniciativa. En esas circunstancias, ninguna reforma avanzará sin el aval de AMLO; y la propuesta de los gobernadores para cambiar el pacto fiscal, no lo tiene.