No cabe duda que la pandemia de coronavirus fue la kryptonita del hasta entonces indestructible Andrés Manuel López Obrador. Ni las críticas, ni los frecuentes deslices en las mañaneras habían sido capaces de mellar la, al parecer impenetrable coraza que defendía su popularidad. Pero llegó la maldita pandemia y el Presidente se vio pronto rebasado. Su prédica matutina no era escuchada ni tampoco atendida por todos.

La realidad lo dejó atrás. Mientras él se decía protegido contra el mal por estampitas religiosas, tréboles de quién sabe cuántas hojas y billetes de dos dólares, en numerosos municipios y estados del país, desoyendo las esotéricas recomendaciones presidenciales, se adoptaban medidas para intentar proteger a la población.

Estados y municipios suspendieron clases e impusieron restricciones antes que lo ordenara la Federación, y tomaron otras medidas que posteriormente implementarían con retraso autoridades federales.

Pero la pandemia, además de constituir un candente tema de salud, tomó un giro inesperado. Ante la ineficacia del Gobierno federal para atender las necesidades, tanto en la capital como en el resto del país, empezaron a escucharse reclamos airados por la ausencia de apoyo a los estados y por la escasa información que se les proporcionaba.

Desesperado por la falta de respaldo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, sorprendió a la nación al amagar con abandonar el pacto federal. La amenaza provocó el comprensible estupor en las altas esferas del poder político. Hacía casi dos siglos que no se escuchaba una amenaza de ese tipo en un estado de la Federación.

Mientras tanto, en forma menos estridente, los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme; Nuevo León, Jaime Rodríguez, y Tamaulipas, Francisco García, empezaron a reunirse para planear, como bloque regional, las medidas que se consideran más adecuadas.

Que se sepa, a esta junta de gobernadores no asistió ningún representante del Gobierno federal.

La idea tomó fuerza, y antier, en Monterrey, se sumaron a una reunión similar los mandatarios de Durango, José Rosas Aispuro, y Silvano Aureoles, de Michoacán. Los cinco coincidieron en diseñar un programa de recuperación económica, y los cinco, también, se mostraron insatisfechos de la forma como opera la distribución de los recursos. El descontento es general, como general es la exigencia de revisar la distribución.

En otras palabras, pasada la pandemia quedará sobre la mesa de las discusiones el funcionamiento del pacto federal, en lo que a la distribución de los recursos se refiere. De lograrse una corrección a este pacto fiscal, estaremos ante una quinta transformación que cambiará a fondo las reglas de juego: fortalecimiento a los estados más desarrollados y productivos, Coahuila, entre ellos. Estas entidades serían un motor aún más poderoso capaz de empujar al país entero a una nueva etapa de prosperidad.

No se trata de abandonar a los estados más pobres. A estos, hay que decirlo, aunque se les hayan destinado mayores recursos en relación a lo que aportan, no se les ha hecho salir de la pobreza desde hace décadas. Siguen igual de pobres. Tampoco es la intención acabar con la trilogía del Gobierno lopezobradorista: primero los pobres, combate a la corrupción y austeridad republicana. Mucho menos romper el pacto federal, que lo único que traería sería la balcanización de México.

No. Pero un acuerdo fiscal más lógico, más justo, traerá una verdadera transformación del país. La 5T.