Para nadie es desconocido que si hay algo a lo que el Presidente de México le ha apostado toda su carrera política y que bastantes satisfacciones le ha dado, al punto de llevarlo a la presidencia de nuestro país, lo es la estrategia del divide y reinarás, la cual para muchos sigue siendo una de las tácticas más eficaces en una guerra política, sobre todo en la electoral.

La característica principal de esta técnica política, consiste en inventar o fomentar disputas y diferencias entre los miembros de una población o sociedad, para lograr el debilitamiento y quebranto de las relaciones entre los sectores que constituyen dicha colectividad, haciendo con esto imposible luego, la conformación de alianzas o coaliciones capaces de cuestionar legítimamente al Gobierno o liderazgo impuesto o establecido.

Por desgracia, para quienes optan por esta manera de hacerse del poder, las consecuencias que generen sus actos no importan, y, a pesar de cualquier crítica, hacen prevalecer la frase de “el fin justifica los medios”.

Como consecuencia de lo anterior, ahora mismo, la sociedad mexicana marcha en un esquema de división importante. Y cómo no, si la figura presidencial se ha dedicado a funcionar como un catalizador que divide a quienes lo apoyan de quienes se le oponen. Situación que empieza a poner en riesgo la gobernabilidad en nuestro país.

Para quien dude de lo anterior, debo decirle que hace algunos días, nuestro Gobierno coahuilense, conjuntamente con el de Nuevo León y Tamaulipas, anunciaron su unida intención de obligar al Gobierno federal a revisar y replantear en todo caso, el pacto fiscal o pacto federal, al que los estados pertenecen desde 1978, lo anterior, por considerarlo viejo e inaplicable, además de ser injusto o inequitativo.

Es preciso mencionar que el pacto federal o fiscal, contenido en el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es otra cosa que un acuerdo de igualdad, mediante el cual se obliga a los estados a obedecer y reconocer a un gGobierno Federal de la República como su representante y administrador discrecional de las propias ganancias producidas por los estados. Este pacto busca promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la federación, para eliminar contrastes y rezagos.

El problema viene, cuando en la práctica, la Federación se queda con el 80% de los fondos participables, y reparte a los estados solo el 20% de manera igualitaria, es decir, sin importar si alguno de los estados aportan menos o más que otro, lo que para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas es injusto, dado que, solos estas tres entidades federativas aportan el 14% del total del Producto Interno Bruto nacional.

A pesar de lo anterior, la fórmula de repartición, aunque inequitativa, hasta ahora no había sido problema, ya que religiosamente los estados tributaban bajo una premisa de solidaridad, lo que parece que, con la nueva Administración ha dejado de tener sentido. Y es que, con las permanentes decisiones divisionistas del Presidente, esta repartición igualitaria a los estados, empieza a verse baldía, dado que será difícil para los mismos, seguir participando en un pacto federal que ahora es utilizado a discrecionalidad por quien a todas luces, seguirá apostando a los beneficios del divisionismo y empeñado a desdeñar las fortalezas que produce la unidad.