Evitar riesgos de corrupción en compras y adquisiciones por emergencias sanitarias como la decretada por los contagios masivos del Covid-19, implica el despliegue de mecanismos que faciliten la identificación del origen de fondos y destino de los programas públicos que habrán de implementarse en entidades del país, incluyendo Coahuila.

Hace un par de semanas y este mismo espacio editorial –que me brinda el director del Grupo Zócalo, Francisco Juaristi Santos– comentaba sobre la relevancia de las compras con dinero público o a través de fideicomisos para atender las necesidades médicas y sanitarias derivadas de la pandemia que avanza a un ritmo que tiene en vilo a los mercados, economías y los planes de crecimiento de México.

También señalaba en el texto que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, establece el esquema de compras por contingencias o situaciones fortuitas y la justificación de obviar un proceso de licitación pública para la adquisición de bienes, insumos o servicios.

El Artículo 64 señala que “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa”.

En este sentido y ahora mismo, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila circula en su plataforma https://www.cpccoahuila.org.mx/comunicados/2020-03-27-recomendacion-cpc-covid-19/ una recomendación emitida al Gobierno del Estado y a los 38 alcaldes de Coahuila –dentro de las atribuciones del colegiado– con nueve propuestas para transparentar, abrir y evitar la discrecionalidad en los procesos de compra por esta emergencia sanitaria.

En México y a partir de su iniciativa, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, convocó a las y los consejos y comités de participación ciudadana de los sistemas locales anticorrupción a participar en un proceso de identificación de fondos y programas, asignaciones y fideicomisos que servirán para amainar la crisis por los contagios del coronavirus.

Tojil, una reconocida asociación civil sin fines de lucro y dispuesta a sumar en esta propuesta de Transparencia Mexicana, le abonará al acompañamiento para los consejeros en el país, que en los próximos meses estarán poniendo en práctica métodos de prevención e identificación de posibles hechos de corrupción en las compras, rentas o adquisiciones en los estados de la República que tendrán que hacer compras urgentes por la contingencia que se vive en el país y en el mundo.

De entrada la mayoría de los CPC aceptaron la propuesta de Bohórquez. Habrá que esperar que el CPC nacional también asuma su parte y juntos lograr el objetivo y la vigilancia sobre el uso de recursos y aportaciones para atender la urgencia que se vive en México.