La primera llamada de atención al presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de resultados y su estilo personal de gobernar la recibió de las encuestas. De acuerdo con Reforma, entre marzo de 2019 y marzo de este año, su popularidad bajó del 78 hasta 59%, un descenso de 19 puntos. Sin embargo, la prueba de fuego será en las urnas, el 4 de julio de 2021, cuando se renueve el Congreso federal, 15 gubernaturas, 27 legislaturas locales y la mayoría de los ayuntamientos del país.

Si a Felipe Calderón se le culpa de alborotar el avispero y de provocar la guerra contra el narcotráfico cuyo costo en vidas rebasa hasta la fecha el cuarto de millón y la cifra de desaparecidos excede los 70 mil, sin haber mitigado siquiera el problema, a López Obrador se le reprocha iniciar un cambio de régimen a tontas y a locas; en ambos casos, sin planeación ni claridad en el rumbo. Solo a golpe de voluntarismo, pero los buenos deseos, por nobles que sean o parezcan, no bastan para resolver rezagos y vicios enquistados históricamente: pobreza, corrupción, privilegios e impunidad.

Después de la Gran Recesión –originada en Estados Unidos– que desplomó en 6% el PIB nacional en 2009 y de la lucha contra la delincuencia organizada, Calderón terminó su sexenio con una aprobación del 50% (29 puntos arriba de Peña Nieto, cuyo Gobierno ha sido el más corrupto). López Obrador, quien, en popularidad, ahora solo aventaja en nueve puntos a su predecesor panista, atribuye la baja en las encuestas a los intereses afectados por eliminar la condonación de impuestos, promulgar la Ley de Extinción de Dominio y tipificar la corrupción y la facturación falsa como delitos graves, entre otros motivos.

Los grupos afectados tienen poder, en efecto, para incidir en la opinión pública y crear climas adversos al Gobierno como pasó en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Con Salinas y Peña, no; en el primer caso, por tener intereses comunes con los grandes capitales; y en el segundo, por haber sido su comparsa. Sin embargo, el Presidente debe asumir ya su responsabilidad; él sabía cómo recibía el país –hundido en la corrupción, endeudado, en medio de una espiral de violencia, Pemex quebrado– y, como Fox, ofreció soluciones simplistas a problemas ancestrales. Temas como el de la violencia, no solo contra las mujeres, se han agravado en lugar de remitir.

La encuesta de Reforma enciende focos de alerta: el 49% de la muestra coincide con la afirmación según la cual “Las acciones del Gobierno están llevando al país a una crisis”; el 40% no lo piensa así. El 55% ve en López Obrador a un Presidente confiable; para el 54%, sus decisiones son buenas, y el 39% dice estar mejor. El problema toral (70%) es la inseguridad incluso por encima de la corrupción (6%), lo cual implica el fracaso repetido de la estrategia contra el crimen. La ciudadanía demanda calles y ciudades seguras para ella y sus familias. El poco énfasis en el asunto de la venalidad, cuando aún falta mucho para reducirlo, puede sugerir un aval a la forma como ahora se afronta. Es donde el Presidente obtiene la calificación más alta (50%).

En un país polarizado como el nuestro, la encuesta puede verse de dos modos. Para los detractores de López Obrador, es el principio del fin de un Gobierno inepto y de un líder sin luces. Para los Amlover, la indagación confirma que se va por el camino correcto y que la eliminación de privilegios y la opción por los pobres redundará en mayor justicia. Para quienes, aun sin coincidir con el Presidente ni haber votado por él, piensan que el país necesitaba una sacudida y que todo cambio real exige sacrificios, incluso de imagen, la mejor vía de aprobación o castigo siempre serán las urnas.