Erradicar o al menos –como dicen los expertos– controlar la corrupción requiere acciones de gran calado, no sólo ir por el “corrupto del día”. Los delitos por supuestos hechos de corrupción ocupan las portadas de periódicos, revistas y titulares en radio y televisión en el país y en Coahuila, en temas y actores políticos relacionados con lo que podrían ser compras directas sin apego a la normatividad, contrataciones, el tráfico de influencias, aparentes desvíos de recursos, sobornos, omisiones, etcétera, y lo más grave: la impunidad, lo que advierte de la seriedad del problema.

Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que no basta con pedir cárcel para los corruptos, o para el “corrupto de moda”, sino que se requieren acciones de largo aliento, reformas, respaldo al Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción y actuación real de quienes toman las decisiones.

Coahuila requiere más que discursos y augurios de cambio. Se necesita la fortaleza de la participación de las y los ciudadanos informados, organizados y dispuestos a criticar, sí, pero también a incentivar las buenas prácticas, de intereses genuinos y colectivos, a sumar propuestas y buscar respuestas a los porqués y el cómo, no solamente a los quiénes.

Pareciera más atractivo, y más en épocas electorales, descubrir nombres y abrir la Caja de Pandora, pero si en realidad la meta es erradicar o al menos controlar este fenómeno, es necesario situarnos en una realidad que requiere acciones más allá de las frases bien logradas, de agenda legislativa, de sanción y revisión, de propuestas analizadas, que eviten la posibilidad errores u omisiones en el manejo administrativo, que puedan o no derivar en escándalos mediáticos y estridencias en busca del corrupto del día.

Aunque además de la gran corrupción, esta que se mediatiza fácilmente por la cuantía que representa o que puede representar para el erario, está la otra corrupción. Pero ¿dónde se observa con mayor incidencia la llamada “pequeña corrupción”, la corrupción de “ventanilla”?

Los diagnósticos y encuestas como la Encig (Inegi), o la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de las Empresas (Encrige), señalan que casi seis de cada 10 personas en Coahuila experimenta la “pequeña corrupción” en el contacto con autoridades de seguridad pública y menos de tres de cada 10 en trámites de ventanilla, como permisos relacionados con la propiedad, trámites ante el Ministerio Público, en juzgados o tribunales; al hacer pagos de servicios como agua, luz, teléfono, etcétera y hasta para obtener una licencia de manejo, acta de nacimiento o permisos de construcción, se marca la prevalencia de la “pequeña corrupción”.

La eliminación de las barreras de trámite y de servicios, las asimetrías de la información y los problemas con el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación en las regiones –incluyendo las más alejadas de Coahuila– amainarían la problemática. Pero además es importante el compromiso con la ciudadanía y con la ley que claramente define lo que cada entidad y servidor público debe hacer para detectar, prevenir y sancionar la corrupción, pero mientras no se quiera, no se hará. Así de simple.