En política cualquier traspié puede convertirse en estigma y el menor resquicio en grieta capaz de romper una presa. Un oficio de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, en apariencia inocuo, rompió la burbuja del joven Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, encomiado y proyectado en columnas políticas para empresas electorales de mayor envergadura. Al mismo tiempo, puso a su Gobierno en la picota justo cuando la ira social ha estallado por la parsimonia de las autoridades federales y locales frente a la epidemia de feminicidios incluso de niñas (Fátima, de 7 años, en Ciudad de México).

Medios de comunicación y líderes de opinión del país se han ocupado del mural dedicado al tema en la fachada de la vivienda que habita la esforzada activista por los derechos humanos Jackie Campbell. La molestia y reacción desmesurada del Municipio no es por el color púrpura de la pintura ni por dañar un inmueble cuyo valor histórico, argumentado por Desarrollo Urbano para acosar a Campbell, es discutible, sino por su denuncia: «El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. #NIUNAMÁS». 

La fuerza de la acusación en contra de la violencia de género, impune en la mayoría de los casos, la imprimen los retratos de Elisa Loyo Gutiérrez (25 años), asesinada el 13 de diciembre del 2008; Seymar Soto Azúa (21), el 28 de enero del 2017; y Brenda Nail González Montelongo (30), cuyo cadáver se localizó el 21 de octubre del 2018. Los rostros del mural incordian a las autoridades y alteran el orden y la paz franciscana del discurso oficial. Según Campbell, las carpetas de investigación respectivas fueron cerradas y en uno de los casos ni siquiera se abrió.

La activista declaró al reportero Juan Alberto Cedillo que las autoridades «deben hacer justicia a las familias de las víctimas asesinadas», pues el delito de feminicidio aumentó en Coahuila 600%, de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Proceso, 15.02.20). El mural, pintado la víspera de la Navidad anterior, hubiera pasado desapercibido para la mayoría, excepto quizá para quienes suelen transitar por la calle Xicoténcatl 725, de no haber sido por el celo de Andrés Garza Martínez, titular de Desarrollo Urbano, quien lo convirtió en noticia nacional.

El acoso puede ser otra expresión de la inquina del exgobernador Rubén Moreira y sus adláteres hacia el obispo Raúl Vera López y Campbell por la denuncia que el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron el 6 de junio del 2017 ante la Corte Penal Internacional contra el moreirato por supuestos crímenes de lesa humanidad. Si la implicación se comprueba, el Estado mexicano sería acusado por las masacres de Allende y Piedras Negras.

El clima de linchamiento contra el Obispo y la activista, inducido por algunos agentes políticos, debe terminar, lo cual no implica pasar por alto infracciones o faltas punibles, pues los expone a agresiones; y al estado, a situaciones indeseables. Coahuila afronta un año particularmente difícil por el colapso económico de las regiones Centro, Carbonífera y Norte derivado de la crisis de Altos Hornos de México y sus efectos sociales. La imprudencia de un funcionario, en el caso del mural, creó un problema cuya factura se le ha pasado al Alcalde.