La reducción en el gasto público que reciben los partidos políticos en México es una añeja propuesta que cobra vigencia a medida que la economía deja de crecer o lo hace a tasas minúsculas. Los recursos económicos que recibe el Gobierno por la vía impositiva no alcanzan para financiar las necesidades más apremiantes de la sociedad. Las políticas públicas, aunque bien intencionadas, no pueden disminuir las asimetrías en el ingreso de las familias mexicanas mientras no haya los suficientes apoyos en su implementación, de ahí la urgencia de recurrir a recortes presupuestales para poder cumplir los ineludibles compromisos del Estado, como deuda, pensiones, programas sociales, entre otros.

Desde esa perspectiva, resulta que las partidas destinadas a los institutos políticos ocupan un lugar no preponderante en las prioridades gubernamentales. En 2019 se programó un gasto de 4 mil 965 millones de pesos para apoyar a siete partidos (Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano), que relativamente es poco significativo si se compara con los presupuestos de programas sociales o educativos, que sobrepasan holgadamente esa cifra. No obstante, lo que se busca es racionalizar el gasto, sin erosionar la democracia y la transparencia de las elecciones.

Si se analizan las últimas campañas políticas, desde las presidenciales hasta las de diputados locales y alcaldes, las propuestas que de ellas emanaron fueron más producto de la demagogia y la ficción, que de un ejercicio serio y asequible a la realidad nacional. La calidad de los discursos políticos dejó mucho que desear. Por ello, se quiere frenar el dispendio de recursos públicos y disminuir el costo del proselitismo electoral.

Sin embargo, para algunos analistas y exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), el bajar el presupuesto de una manera drástica a los partidos compromete a la incipiente democracia nacional, o simplemente la puede exponer a intereses oscuros. Tal vez lo que más convenga es acompañar la “contracción” de los recursos para el sostenimiento de los partidos, con tres elementos que podrían compensar, o al menos paliar la caída en los presupuestos partidistas, sin menguar sus actividades.

Participación de recursos privados en las campañas políticas. Es un tema que ha causado polémica entre los actores políticos y gubernamentales. El financiamiento privado lo rechazan los sectores más conservadores del Gobierno y del INE, porque puede prestarse a contubernios entre candidatos electorales y grupos con capacidad económica, pero de dudosa solvencia moral, cuyo resultado sea condicionar a sus intereses la agenda política del candidato ganador de la contienda.

Pero en México esto ha sucedido desde hace varias décadas: de manera velada e informal, los apoyos se reciben y se disfrazan de diversas maneras para burlar al INE y a la Secretaría de Hacienda. Hay formas de transparentar los recursos que provienen del sector privado, inclusive hasta se puede legislar en favor de que puedan ser sujetos a condonación de impuestos, con tal que se conozca la fuente y la procedencia de los mismos. El riesgo que se corre de solamente apoyar a determinados estratos de la sociedad que cooperaron con el candidato ganador se neutraliza con el retiro de los votos en las próximas elecciones al partido que postuló a dicho político en el poder.

Acortar los días de las campañas políticas. Esta política electoral puede ayudar a disminuir el gasto de campaña: entre más breves sean, obligan a los candidatos a maximizar su agenda proselitista y por ende a bajar su costo.

Topes a los gastos de campaña. Al acotar los gastos en las campañas políticas, se limita la participación económica de los particulares y se coadyuva a que los ganadores de los puestos públicos minimicen sus compromisos con empresas y/o personas físicas.

Entorno Económico
Federico Muller
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