El país mejoró ocho lugares en el Índice de Percepción de Corrupción, que hace unos días presentó Transparencia Internacional en su análisis anual en el que plantea la situación mundial en esta materia. México consiguió subir ocho lugares en el Índice, al pasar del sitio 138 al 130 de 180 países evaluados, con lo que frenó una inercia que llevaba desde el año 2015.

Pero los resultados demuestran que si bien el problema de la corrupción es calificado por la ciudadanía como un fenómeno que en el país busca controlar el Estado, no es suficiente con la postura mediática que asume la administración federal, las campañas sobre las intervenciones de la UIF, o las inhabilitaciones dictadas desde la Función Pública federal, o la versión de “cárcel para los corruptos” -como lo anuncian en ruedas de prensa o eventos masivos -porque se requieren acciones concretas, de gran calado y principalmente medidas involucren al Sistema Nacional Anticorrupción, a partir de una estrategia con metas medibles, como puede ser la Política Nacional Anticorrupción.

Es ahí, en el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, donde radica y se representa la fortaleza ciudadana para controlar este problema. Pues la coordinación de los esfuerzos recae en la o el ciudadano que preside el Comité Coordinador.

Pero solo hay que escuchar noticias o leer las portadas de medios nacionales, para advertir que la lucha contra la corrupción está en las oficinas de la UIF y la Función Pública, porque el Sistema Nacional pareciera un instrumento aislado. Aun cuando fue producto de la necesidad urgente y expresada desde la sociedad civil, empresarios y académicos para tener en funcionamiento un esquema regulado que considera a la parte ciudadana, como el eje de coordinación del SNA.

Lejos de ello y aun cuando la percepción de control de la corrupción en México podría tener resultados positivos en el último balance, es importante reflexionar sobre el real interés de la autoridad federal y del Senado de la República por fortalecer las atribuciones y la relevancia del Comité de Participación Ciudadana y del propio Comité Coordinador del SNA.

Basta con echar un vistazo a la poca promoción de la convocatoria https://convocatoriapublica.senado.gob.mx/Snaorg/ que cierra esta semana, para la integración de la Comisión de Selección del CPC Nacional. Esto, a unos días de la conclusión del período para el que fue designado el licenciado en Actuaría, José Octavio López Presa y con la renuncia de la Abogada Irene Levy, sumarán dos posiciones, de las cinco que integran el CPC, las que queden vacantes en el colegiado Nacional que el 7 de febrero estará en manos de la Contadora Pública Rosa María Cruz Lesbros.

La percepción de corrupción es menor en México. Pero la expectativa es el fortalecimiento del CPC Nacional y el Sistema Nacional y detener la inercia que advierte el estudio “El Combate a la Corrupción: La Complementariedad de las Acciones del Gobierno Federal y el Sistema Nacional Anticorrupción”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) que explica que, en el programa del gobierno federal “se identifican pocas referencias o alusiones a la política propuesta por el SNA, lo cual evidencia que, al menos en el diseño, no se plantean acciones que busquen potenciar los esfuerzos que se realicen desde este Sistema, en cambio, parecen ser dos instrumentos de política independientes”.