México Evalúa, un influyente y apartidista centro de pensamiento y análisis con propuestas para la atención de problemáticas sociales y estructurales, principalmente enfocado al monitoreo de la operación gubernamental en el país, presentó un análisis sobre la iniciativa de reforma al Artículo 19 de la Constitución Mexicana (que entró en vigor en abril del 2019) y que amplió el catálogo de delitos por los cuales los jueces otorgan prisión preventiva por delitos relacionados con las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y según los expertos, la medida no ha logrado inhibir el flujo ilegal de armas en entidades de la República.

La agrupación civil estima en su reporte, que más de 200 mil armas de fuego entran cada año al mercado negro en territorio nacional, lo que podría incidir en al menos siete de cada 10 homicidios registrados los estados, por lo que el cuestionamiento radica en la efectividad de las políticas públicas emprendidas desde el Congreso de la Unión y las autoridades federales.

El 19 de febrero de 2019 quedó aprobada la reforma que México Evalúa, ha señalado como una proposición que poco ha hecho para revertir el índice de posesión y venta ilegal de armas y municiones.

El documento sentencia que “al contrario, genera presiones al sistema penal, vulnera la presunción de inocencia y no atiende ninguno de los factores que influyen en la proliferación de armas de fuego”. Por lo que la propuesta del colectivo radica en generar proyectos que coinciden con el espíritu de estos cambios constitucionales, “pero que se enfoquen en mejorar las capacidades institucionales estatales para el control de las armas”.

Los delitos con armas de fuego en México se incrementaron de forma sobresaliente en los últimos tres años. El número de personas asesinadas con armas de fuego pasó de 10 mil 464 en 2015, a 23 mil 873 en 2018, según cifras obtenidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras, a finales del año 2012, según lo describe el reporte de México Evalúa, 53% de los homicidios dolosos fue cometido con armas de fuego y para el 2018, el número aumentó 70%, Lo que, a decir de la agrupación civil, es aún más dramático si se considera que en 1997 los homicidios dolosos por arma de fuego representaban tan solo 15% de los homicidios. El cómputo final: siete de cada 10 asesinatos son cometidos con armas de fuego, cuando en el año 2012 eran cinco de cada 10.

Es importante, y así lo menciona el informe, considerar que México ha signado tratados internacionales y acuerdos de cooperación. En 1998 ratificó su incorporación a la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales. Desde 2001, forma parte del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Adicionalmente, en la Iniciativa Mérida acordada en el año 2008, el Gobierno de los Estados Unidos entregó recursos a sus homólogos mexicanos, como insumos de inspección, vehículos con equipo de escáner para la detección de explosivos y otras armas, y más de 300 perros entrenados en la detección de narcóticos, armas, municiones y dinero en efectivo. Todo con miras a mejorar la infraestructura de detección de bienes ilícitos en la frontera con Estados Unidos y Sudamérica, lo que advierte de la larga lista de pendientes que tiene el Gobierno para la regulación sobre el uso ilegal y posesión de armas de fuego entre los civiles.