La lucha contra la corrupción no es tarea de unas cuantas personas o instituciones, es una labor que nos involucra a todas y todos. Desde el interés por conocer la configuración del Sistema Anticorrupción, las leyes y atribuciones de quienes forman parte de este esquema de trabajo, los alcances y aportes, hasta la agenda participativa desde la visión de sociedad civil, empresarial, de la academia y colectivos.

Es importante la crítica, la sociedad proactiva y dispuesta a involucrarse en los planes de trabajo, en las acciones que permitan inhibir la corrupción que sin duda es un problema serio en Coahuila.

Son relevantes las versiones de lo que urge mejorar en el tránsito a la consolidación de una estrategia coordinada entre las instancias que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila, como lo son: el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el Poder Judicial del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el Consejo de Participación Ciudadana, siendo ésta última instancia, la parte ciudadana la que preside los trabajos del Sistema.

Hacer Sistema no es solo ir por estridencias, o como lo dice el Dr. Mauricio Merino del CIDE, “ir por el corrupto del día o el funcionario de turno” para decir que se está controlando un problema que en el estado y el país tiene casos emblemáticos y documentados. Es más bien plantear políticas públicas de gran calado, abrir y mejorar los mecanismos de denuncia por corrupción, fortalecer la participación ciudadana en las actividades del Gobierno estatal y municipales, impulsar reformas a la legislación que garanticen una verdadera observancia de lo que se hace con el dinero que ingresa vía impuestos, por citar algunas acciones que además, están consideradas en el Plan de Trabajo 2019-2020 del Consejo de Participación Ciudadana del SEA y que se pueden conocer a detalle en el sitio www.cpccoahuila.org.mx

Ahora bien. Es importante reconocer que Coahuila viene de años de cuestionamientos por la cantidad de observaciones en la aplicación del gasto federal, estatal y municipal que involucran hechos que ponen en duda la vigilancia, seguimiento y sanción de quienes tienen atribuciones y facultades legales para prevenir, detectar, controlar y castigar la corrupción.

De ahí que en la agenda 2020 habría que visualizar:

1) La construcción de la Política Estatal Anticorrupción, 2) Incentivar el trabajo permanente con organizaciones de la sociedad civil, académicos e iniciativa privada, 3) Aprovechar el resultado de estudios, informes e indicadores de las instancias que forman parte del Sistema Anticorrupción para proponer una ruta de mejora en la administración pública y 4) como lo están haciendo otros estados, propiciar el análisis sobre la autonomía de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.