El trabajo dedicado a conciliar a las fuerzas políticas y sociales del estado agraviadas por el moreirato, sobre todo en el sexenio de Rubén Moreira, se reflejó en las ceremonias del 30 de noviembre y el 2 de diciembre en el Congreso y en el Centro de Convenciones de Torreón. El gobernador Miguel Riquelme informó respecto al estado de la Administración en un clima distendido y de civilidad política. Incluso el consenso por la forma como se afrontó la deriva violenta en Villa Unión resultó favorable y le permitió mostrar serenidad y liderazgo en momentos de crisis.

Humberto Moreira dejó de acudir a la sede legislativa justamente después de su segundo informe, iracundo por las interrupciones de los diputados de oposición. ¿Por cierto, dónde están ahora? El expanista José Ignacio Máynez, flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia, lo acusó de actuar como dictador y no como demócrata. La bancada del PAN abandonó enseguida el salón de sesiones. Para diferenciarse de su hermano y vestirse de estadista, Rubén Moreira regresó al Congreso para informar y debatir con los legisladores de “todas las fuerzas políticas”. Ejercicio fatuo, pues el partido dominante era el PRI, y la mayoría de los diputados, sus satélites.

En el informe de Riquelme, la presencia en primera fila de los exgobernadores Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor –en condición de expriista– y Enrique Martínez, remarcada por la ausencia de Humberto y Rubén Moreira; del senador de Morena Armando Guadiana; del obispo Raúl Vera López y del periodista Armando Fuentes Aguirre, es un signo de los nuevos tiempos políticos. También significa un reconocimiento y un gesto de buena voluntad a la clase política tradicional, a un activista por los derechos humanos –candidato al Nobel de la Paz en 2012– y a un líder de opinión golpeados por el moreirato, así como un mentís a quienes atribuyen a Moreira II influencia en el Gobierno de Riquelme. El mensaje es: “tus enemigos no son los míos”.

Sin embargo, la mayoría de los agraviados estuvieron fuera del Congreso y del Centro de Convenciones. Son las legiones de coahuilenses burlados por los Moreira sobre quienes descansa el peso de una deuda impagable, la cual primero se contrató sin informar a la ciudadanía ni a la Secretaría de Hacienda (el Congreso siempre sirvió de comparsa al clan); luego se ocultó y hoy nadie sabe todavía el destino de, al menos, 18 mil millones de pesos, la mitad del principal. Además de esa suma monstruosa todavía se desviaron 475 millones de pesos a empresas fantasma.

También ellos, los indignados ignorados merecen satisfacción del Gobierno. Su clamor es de justicia: que quienes ilegalmente endeudaron al estado paguen por sus delitos. Muchos prescribieron durante el Gobierno de Moreira II por leyes hechas exprofeso y la complicidad de funcionarios venales investidos hoy con toga y birrete (la Iglesia en manos de Lutero). Sin embargo, aún hay denuncias penales por la deuda y las empresas fantasma en espera de una orden superior (el Sistema Estatal Anticorrupción es una entelequia) para ser investigadas y sentar en el banquillo a los responsables del quebranto. Esa sería una manera de reparar, así sea mínimamente, el daño, y de conciliar al Coahuila que asistió al informe y al que no.