La pérdida de las alcaldías de Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña, aunada a la derrota del PRI en la elección presidencial del año pasado y a la reestructuración de delegaciones federales, controladas ahora por Morena bajo la batuta de Reyes Flores Hurtado, dejó sin empleo a operadores del PRI.

La circunstancia obligó a Miguel Riquelme a echar mano del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para colocar algunas piezas de su tablero: en la presidencia del organismo sustituyó a Miriam Cárdenas con Miguel Mery Ayup, y también vistió con toga y birrete al exdiputado panista José Ignacio Máynez y al exasesor electoral del PRI, Luis Efrén Ríos, quien renunció a la dirección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, creada por Rubén Moreira, para lavarse la cara por las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras.

En el TSJ confluyen las corrientes políticas de Rubén Moreira y de Riquelme. La mayoría de los magistrados no tiene carrera judicial, y quienes sí reunían el requisito fueron excluidos. Los casos del exprocurador de Justicia Homero Ramos Gloria, quien obstruyó las investigaciones de la deuda, y de Iván Garza, exsecretario técnico, demuestran la influencia de su jefe.

La politización del TSJ, avalada por el PAN en el Congreso, no garantiza justicia, sino impunidad. En este sentido, la iniciativa del presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial en los estados pretende separarlo de la órbita de los gobernadores.

El Gabinete también refleja el efecto de las elecciones de 2017 y 2018. Los secretarios de Desarrollo Rural, José Luis Flores; del Trabajo, Román Alberto Cepeda; de la Función Pública, Teresa Guajardo; de Turismo, Guadalupe Oyervides; y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, fueron incorporados tras perder como candidatos al Congreso local y federal.

Eglantina Canales y Ana Sofía García, secretarias del Medio Ambiente y de Cultura en el Gobierno de Rubén Moreira ocupan los mismos cargos con Riquelme. Otra herencia de los Moreira es Francisco Saracho, actual titular de Desarrollo Social.

El Gobierno se renovaba antes cada seis años y surgían nuevos perfiles, pero desde Humberto Moreira son los mismos, salvo excepciones; y los que no, tampoco aportan grandes cosas. Es el caso del secretario de Economía, Jaime Guerra, cuyo nombramiento obedece a una concesión al sector privado. El desempeño de los exrectores de la UAdeC, José María Fraustro Siller y José Blas Flores, en Gobierno y Finanzas, ha sido discreto. Son puestos clave, pero en ambos tienen como segundos de abordo a laguneros que le reportan directamente al Gobernador.

Los únicos con sello riquelmista son Roberto Bernal (Salud), el polémico Gerardo Berlanga (Infraestructura), Gerardo Márquez (Fiscalía) y Fernando Gutiérrez (Comunicación e Imagen). José Luis Pliego (Seguridad Pública) colaboró con Peña Nieto en el Estado de México, uno de los más violentos del país, sobre todo contra las mujeres.

Para terminar con la influencia del moreirato, conectarse con otras fuerzas políticas y sociales y recuperar fuelle electoral, Riquelme necesita oxigenar el Gabinete. Para prevalecer, los Moreira excluyeron, pisotearon honras, traicionaron y contuvieron el impulso de liderazgos jóvenes.

En ese proceso, el PRI perdió cuadros importantes, pero sobre todo respaldo en las urnas. El resultado de las últimas elecciones es irrefutable. Por primera vez, el Gobernador obtuvo menos votos que el resto de los candidatos. Y de no haber sido por un fallo discutible del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy la historia sería otra.