Miguel Riquelme llega a su segundo informe en paz. Así lo dijo en la inauguración de la ampliación y equipamiento del bulevar José Narro Robles. El exrector de la UNAM y exsecretario de Salud renunció al PRI para no ser comparsa en la mascarada que impuso a Alejandro Moreno y Carolina Viggiano en la presidencia y la secretaría general de ese partido. En tiempos de Rubén Moreira, la vialidad habría cambiado de nombre. A la ejecución de una obra necesaria se sumó el acierto de mencionar al renegado. El Gobernador, por lo visto, no tiene tantas telarañas en la cabeza como su predecesor.

Riquelme se ve tranquilo, en efecto, pese a la trasquilada de participaciones y fondos federales recetada por la Cámara de Diputados donde el PRI y el PAN son convidados de piedra después de haber partido el pastel presupuestario. Visto con simplismo, el sosiego del Gobernador es explicable: 1) él no endeudó al estado con 38 mil millones de pesos, sino los Moreira; 2) las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras se cometieron en el mismo docenio; 3) el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma ocurrió en el gobierno de Rubén; y 4) porque Saltillo «lo ha tratado muy bien».

Sin embargo, lo importante es saber cómo está el ánimo de los coahuilenses con respecto a los tres primeros temas y a la administración. Las encuestas ofrecen una idea. El Estado obtiene buenas calificaciones en economía, empleo y seguridad, pero en aprobación, Riquelme ocupa el lugar 19 (Mitofsky). En «nivel de corrupción» Coahuila cae al puesto 26, de acuerdo con la misma pesquisa. El dato corrobora la inutilidad del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cuyo autor fue Rubén Moreira.

No haber sido responsable del quebranto financiero no exime a la administración (Fiscalía General del Estado) de investigar las denuncias penales por el ocultamiento de créditos por 4 mil millones de pesos y los recursos desviados a empresas fachada. En la investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada», Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad advierte: «Desde que se contrajo la llamada “megadeuda” se iniciaron nueve denuncias (…) pero a la fecha solo se conoce una sentencia…», favorable a Enrique Ledezma Sánchez y a Juan Manuel Delgado Hernández, funcionarios del SATEC.

El caso dista de estar cerrado e incluso podría dar materia a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para intervenir. La dependencia revisa «eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores», declaró su titular Santiago Nieto (Sin Embargo, 19.11.19). Jorge Torres fue extraditado a Estados Unidos por ese y otros delitos, pero no se mandaba solo; los jefes eran Humberto y Rubén Moreira.

Miguel Riquelme no llegará mañana al Congreso con las manos vacías a presentar su informe. El presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño (PAN), reconoce «avances importantes». Hay obra. No la suficiente ni la deseada por el propio Gobernador, debido a la sangría de recursos por la deuda y a los recortes federales. Después de la polarización política por unas elecciones controvertidas y de los agravios e insolencias del moreirato, Riquelme, sin tanto protagonismo, ha logrado conciliar al estado y mantener el equilibrio; el poder, por lo visto, no lo ha mareado. Empero, la condición sine qua non para recuperar la confianza ciudadana consiste en investigar y castigar a los responsables de la deuda y las empresas fantasma.