En su sitio web, Fundar, que es un centro de análisis e investigación, junto a colectivos como Oxfam y CartoCrítica publicaron un documento -de recomendable lectura -que describe el origen y las consecuencias de las reformas propuestas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Congreso, a la Ley Federal de Derechos, con lo que cambió la naturaleza del Fondo Minero, que dejará de ser en 2020, un aporte para mejorar la vida de las comunidades y municipios mineros en México y en Coahuila que es una de las entidades con impacto negativo, por esta disposición federal.

La reforma limita, y en algunos casos elimina, las buenas prácticas como la participación ciudadana o de quienes habitan en municipios como Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas, Sabinas, Ocampo, Castaños, Múzquiz, Progreso o Sierra Mojada, donde a partir del año entrante, no quedará garantizado el retorno del impuesto que aportan estas regiones de Coahuila y otras más en el país.

“El objetivo del fondo, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera”. Así se consigna en los textos que dieron inicio al fondo en las reglas de operación puestas en marcha para impulsar el ordenamiento en los años 2014 a 2018.

No obstante, con las reformas a la Ley Federal de Derechos, en 2020 se eliminará la disposición que vincula la aplicación del recurso generado por la minería a comunidades y municipios donde hay extracción, y se transforma de nueva cuenta el mecanismo para su ejecución con una aplicación sin transparencia o certeza sobre los criterios de asignación, los esquemas de participación en la asignación y monitoreo de los recursos, según lo menciona el análisis de Fundar.

La distribución del ingreso por este concepto fue del 77.5% que era asignado al Fondo Minero, se destinaba el 62.5% a los municipios que desarrollan la actividad y el 37.5% a la entidad federativa de la que se tratara.

Con la guía en web https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Fondo-Minero_Posicionamiento_Nov04.pdf se pude acceder a un tema de relevancia, porque habla de las reglas de operación y del estatus de incumplimiento y/o de la poca o escasa transparencia en el ejercicio de los montos, que por años llegaron a Coahuila y a los municipios con vocación minera en el estado.

La organización subraya, que para inicios de 2019 las entidades federativas Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Sonora y Durango, y sus municipios dedicados a la extracción minera, habían reportado en promedio el ejercicio del 66% de los recursos recibidos, pero aún queda pendiente saber o tener información del destino del 34% de ingresos del fondo, esto es, alrededor de 3 mil 17 millones de pesos otorgados, en promedio, durante los cuatro años de ejercicio del fondo.

Con todo y esto, la falta de regulación y transparencia en la aplicación del dinero que llegó a las zonas mineras en los últimos años, Coahuila registraría en 2020 un impacto negativo en la economía de estas regiones que fueron beneficiadas con estos montos, debido a los cambios en la legislación federal.