“La polémica no puede reducirse a la guerra contra la mariguana o la permisividad. Hay que tomar el toro por los cuernos: cómo puede implementarse la legalización para poner fin a una guerra inútil, perniciosa y egoísta que los países consumidores, infligen a los productores”
Gabriel García Márquez

Fue mucho el tiempo en el que la mariguana ha sido demonizada, marcada como algo muy por encima de lo dañino.

A las pruebas me remito, creo que su prohibición ha provocado más daño de lo que su uso podría llegar a causar. Por citar, en Estados Unidos, principal país promotor de la guerra contra las drogas, tiene a 11 estados que han firmado leyes permitiendo su consumo recreativo.

Para nuestro país, después de una decisión de la Suprema Corte de Justicia, exige a los legisladores su pronta regulación, en donde su prohibición, ha persistido desde 1920.

Los defensores de la legalización, han argumentado que el daño por su consumo se esfuma en comparación con otras sustancias como el alcohol. Por otro lado, sus aplicaciones médicas parecen ser prometedoras, en particular para tratar a pacientes con cáncer o con epilepsia.

Un argumento de los defensores en nuestro país, relaciona a que a los agricultores y a participantes de bajo rango, se les daría un camino hacía la legalidad, y esto podría ayudar a disminuir el poder del crimen organizado en las zonas de producción y adicionalmente, se reducirían algunos de los ingresos de la llamada narco economía.

Existen muchos riesgos también, que se pueden afrontar con una legislación inteligente. Considero imprudente dejar pasar esto, tanto por parte de los legisladores, como por falta de compromiso del Gobierno federal.

El debate sobre la legalización o no, de la mariguana, puede servir como catalizador para una nueva política integral en donde en los estados más violentos del país, se puedan limpiar las instituciones estatales y proteger a los civiles del crimen organizado y ofrecerles alternativas contrarias a las actividades ilícitas.

La mesa está puesta, y en ese sentido, escuchar a las personas que viven en las regiones más afectadas por los conflictos y violencia, deben ser prioridad y no el puñado de empresarios que desean desarrollarse en ese sector e inclusive también, de los consumidores.