Sin explicar de manera clara y suficiente por qué no se puede licitar y por qué prefieren cancelar “por excepción” las licitaciones públicas para otorgar por Adjudicación Directa a proveedores previamente seleccionados, dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Turismo han otorgado varios contratos en los últimos meses por montos que superan los 25 millones de pesos en la primera y los 42 millones de pesos en la segunda.

En ambas secretarías, los montos adjudicados de manera directa, además de los servicios que se contratan, no siempre observan la normatividad legal que dicta la Secretaría de la Función Pública, ni el discurso de “austeridad republicana” ordenado por el presidente López Obrador.

En el caso de la SEP, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, su Unidad de Administración y Finanzas aprobó, el 17 de septiembre, la adjudicación directa de un contrato por 25 millones de pesos a la empresa Eventos de Occidente Los Generales, S.A. de C.V., “para la detección de talentos de Beisbol en México”. Según la ficha de Compranet AA-01100099-E652019, donde se reporta dicho contrato, a la citada empresa se le pagará por sus servicios de búsqueda de talentos un monto que va de los 10 millones 800 mil pesos a los 25 millones 200 mil pesos, solo por tres meses de trabajo que van de octubre a diciembre del presente año.

En ninguna parte se explica por qué este contrato era tan urgente y por qué se pidió la excepción de una “Adjudicación Directa” y no se buscó licitar entre varios proveedores la mejor oferta, como lo marca la Ley de Adquisiciones.

Algo muy similar hicieron en la Secretaría de Turismo, que encabeza el empresario Miguel Torruco. Sin licitar ni explicar tampoco por qué no se concursaron esos servicios entre distintos proveedores que ofrecieran las mejores condiciones y precios, la dependencia otorgó el 27 de febrero de este año cuatro contratos por Adjudicación Directa por un valor total de 42 millones de pesos, para servicios que tienen que ver lo mismo con el abastecimiento de combustibles a través de tarjetas con chip y refacciones, que con el arrendamiento de vehículos para sus servidores públicos, en los que se mencionan 6 camionetas para altos mandos, a pesar de que el presidente López Obrador ha pedido eliminar ese tipo de prestaciones a los mandos jerárquicos superiores.

Todos esos contratos adjudicados de manera directa se aprobaron con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019, a pesar de que la Secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias federales en el que les pedía no otorgar ningún contrato con vigencia superior a junio de este año, porque después de esa fecha se definirían las “contrataciones consolidadas” obligatorias desde la SHCP. De hecho, según se lee en la copia del acta de la sesión del Comité de la Sectur, hubo varios funcionarios que advirtieron que no podían otorgar contratos con vigencia hasta diciembre. Otros cuestionamientos que se hicieron en aquella sesión tenían que ver con la falta de austeridad al ordenar la compra de 6 camionetas para mandos altos.

Varios de los funcionarios que defendieron la necesidad de ajustar los contratos, fueron despedidos. Sin embargo, los contratos por más de 42 millones de pesos, otorgados de manera directa, siguen vigentes.