Por: Gerardo Blanco

El martes pasado, para sorpresa de muchos, estuvo en Saltillo el jurista y filósofo español Manuel Atienza, presentando su libro Comentarios e Incitaciones: una defensa del Pospositivismo Jurídico, publicado este año por la editorial Trotta. El evento fue auspiciado por la coordinación entre la Casa de la Cultura Jurídica y el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, en cuya sede se realizó la tertulia académica.

Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, ha estudiado, durante más de cuatro décadas, temas relacionados con la historia y la teoría del Derecho, la argumentación jurídica y sobre otras formas y perspectivas de ver y pensar el Derecho en la transformación social.

La charla se enfocó, entre otras cosas, en el papel que tiene el juez en la sociedad actual. De acuerdo con el jurista, lo que él denomina “activismo judicial” puede ser nocivo para la impartición de justicia en las democracias constitucionales.

Sin embargo, hay que matizar, ya que mientras en Europa el activismo judicial es adjetivo descalificatorio, al describir un juez que actúa sobrepasando los límites previstos en la propia norma; en cambio, en América Latina el juez activista es aquel que actúa en defensa de los derechos humanos de las y los integrantes de la comunidad.

El propio autor menciona que el activismo desde la perspectiva europea se caracteriza por ver en el Derecho una dimensión valorativa, que prescinde de los fines y valores que dan sentido a la práctica jurídica, dejando de lado que el Derecho es también una práctica autoritativa, en la que las reglas juegan un papel esencial.

La desviación, comenta, consiste aquí en prescindir de los medios, de las formas; en no tomar en cuenta que si la interpretación es tan relevante en el Derecho, se debe precisamente al papel que juega en él la autoridad.

El juez que asume la existencia de límites, concluye Atienza, no es por ello el juez formalista, sino el que trata de encontrar un equilibrio adecuado entre las exigencias de la autoridad y la necesidad de satisfacer los fines y valores que caracterizan al Derecho del Estado constitucional. Es el juez justo, no justiciero; activo, no activista.

Tomando en cuenta la concepción europea del término, entendiéndolo en términos descalificatorios, el tema, para el contexto de nuestro país, se torna importante justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en el ojo del huracán después de la reciente renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro, por causas que no planteó en su carta de renuncia –como lo exige la Constitución– pero envuelto en un conocido alud de acusaciones públicas por presuntos actos de corrupción, lo que abrió el debate respecto a la independencia del Poder Judicial y su papel como contrapeso frente a otros poderes.

A lo anterior hay que sumarle las múltiples críticas al ministro presidente, Arturo Zaldívar –reconocido por sus sentencias en casos como el de la guardería ABC o el de Florance Cassez– quien esta semana, sentando un precedente histórico en el máximo tribunal, rindió una conferencia de prensa donde aportó información relativa a la corrupción y nepotismo que se vive en el Poder Judicial.

Esto le atrajo, por parte de sus detractores, un cúmulo de críticas acusándole de sobreexponerse mediáticamente, lo que según estos, no es inherente a las tareas de los juzgadores, sino la discreción y la prudencia.

Se puede estar de acuerdo o no con esta postura sobre los límites de la exposición mediática de los jueces, incluso en plataformas como las redes sociales, acordándonos que estos serán recordados preponderantemente por sus sentencias y no por sus dichos.
Quien quiera ser protagonista, dice Atienza, que mejor se dedique a otra cosa, como a la política, por ejemplo.