Un artículo del senador Ricardo Monreal, que publicó en su página de internet el pasado viernes con el título Camargo, Crimen de Estado, daría pie a que el Gobierno de Guatemala interponga una denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusará al Gobierno del estado de Tamaulipas de haber cometido un crimen de Estado y de lesa humanidad tras comprobarse que fueron policías al servicio de ese Gobierno los que asesinaron y calcinaron a 14 migrantes de origen guatemalteco, cuyos cuerpos han sido plenamente identificados.

La denuncia que ya preparan las autoridades guatemaltecas, tomaría como referencia las afirmaciones del líder de la mayoría del Senado mexicano, quien asegura en su publicación que “el salvaje y artero ataque se encuadra en la tipología de ‘crimen de Estado’, el cual es definido como la acción concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos, sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”.

De acuerdo con fuentes de la embajada de Guatemala en México, el texto del senador Monreal Ávila serviría para sustentar la denuncia que ya preparan los abogados del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en la que se exigiría que el Gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y plena de este crimen cometido contra ciudadanos guatemaltecos en su territorio y por parte de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GOPE).

La demanda de Guatemala buscaría no solo el reconocimiento de que la masacre de Camargo fue un “crimen de estado” sino también el pleno Eesarcimiento de los daños a los familiares de los 14 migrantes que, según las investigaciones, fueron interceptados por los policías estatales, detenidos ilegalmente, asaltados y luego acribillados y sus cuerpos quemados con la intención de ocultar evidencias y esconder el crimen que cometieron los agentes del Estado.

Aunque son de todos conocidas las enormes diferencias y hasta confrontaciones abiertas que existen entre el senador Monreal y el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en este tema de Camargo lo que podría venir, si se presentan y procesan las denuncias ante la CIDH, trasciende con mucho a las grillas políticas y colocaría, no solo al Gobierno tamaulipeco, sino al mismo Gobierno de la República, ante una acusación de carácter internacional por violaciones de derechos humanos graves y por una masacre cometida por autoridades del Estado Mexicano, justo dos de las cosas que, en sus discursos, el presidente López Obrador ha dicho que “ya no suceden en México” durante su mandato.

Veremos si en esta masacre de Camargo, por tratarse de ciudadanos de otro país, el caso toma otro derrotero y no queda solo en acusaciones a policías que además tuvieron todo el tiempo de fugarse y ni siquiera han sido localizados.

El Gobierno de Guatemala parece dispuesto a no quedarse con la versión de que todo fue obra de “malos policías” vinculados al crimen organizado o que se dedicaban a robar y extorsionar a los migrantes indocumentados que cruzan el territorio de Tamaulipas en su intento de llegar a los Estados Unidos.

Una queja ante la CIDH, como la que ya preparan en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guatemala, colocaría el tema en un “crimen de Estado” del que tendría que responder sí el Gobierno tamaulipeco, pero también el Gobierno de México… Batimos los dados. Escalera y subida.