Queridas amigas y amigos, nuevamente el titular del Ejecutivo, en otro más de sus sinsentidos, envió al Congreso una iniciativa preferente a la Ley de la Industria Eléctrica para dar cauce a sus intereses, con la que busca modificar el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas.

Dicho instrumento propone establecer la prioridad de producción a la energía generada por las hidroeléctricas, sobre la energía eólica o solar generada por particulares y ciclos combinados de empresas privadas, insistiendo en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para sostener las tarifas de electricidad, bajo la retórica de que con esta acción se garantizará la confiabilidad y el sistema tarifario de precios.

Modificando el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE, y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red, se vulnera el principio de seguridad y eficiencia económica.

Es preocupante por decir lo menos, que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sea la instancia que determine la revocación de permisos y contratos de los generadores privados para establecer la preponderancia en el mercado de la CFE.

Por otra parte, es evidente que esta iniciativa cambia las reglas del juego, afectando el marco legal bajo el que se firmó el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), lo que podría propiciar controversias internacionales.

Para el titular del Ejecutivo, se trata de quitarle privilegios a la generación privada, como en los tiempos de Cárdenas, en un mundo que no tiene nada que ver con esa época, pero sí con su profundo desprecio por el medio ambiente, y más grave aún, con su personal negativa a reconocer la realidad que significa el cambio climático.

La implementación de las energías limpias no representan una oportunidad de negocio, sino una necesidad imperante, que se traduce como compromiso de las naciones en instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte.

Hablar de la prioridad de despacho, quiere decir que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ya no se regirá por el uso de energía más barata por nodo, sino conforme al orden que pretende establecerse, primero a la energía que generan las hidroeléctricas y en segundo término por las generadoras privadas de energía eólica, los ciclos combinados de CFE y las renovables como la energía solar. En cuanto a los permisos de generación, también quedarán sujetos a los criterios de planeación de la red, también se propone modificar las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.

Por supuesto, diversas voces han señalado el absurdo retroceso que esto significa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, académicos y especialistas en la materia, y no es de soslayar el pronunciamiento de la Barra Mexicana de Abogados, que coincide en la necesidad de convocar a Parlamento Abierto la discusión de esta iniciativa, señalando que la propuesta no es compatible con el marco constitucional. Es fundamental preservar los principios consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, así como la irretroactividad de la ley, la certeza jurídica, el debido proceso, la administración de recursos, la contratación pública y la libre competencia.

Todo esto sin menoscabo de la confirmación en sentencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reitera el principio de competencia económica como uno de los pilares del Sistema Eléctrico Nacional, invalidando el requisito que se pretendió imponer a las empresas generadoras privadas de tener un dictamen de viabilidad del Cenace, así como la disposición de que la CRE, debería tomar en cuenta dicho aval y programas sectoriales de planeación del sector eléctrico para otorgar permisos de generación.

Hacer uso de la figura de la iniciativa preferente en esta materia, solo perfila la intención presidencial “de hacer uso” de la mayoría en el Congreso, como una clara traición a los intereses de la Patria.

Les agradezco su lectura nos volvemos a leer la próxima semana.