Desde el 13 de octubre del 2016, el Senado de la República aprobó la reforma en materia laboral por medio de la cual se modificaron los artículos 107 y 123 de nuestra Constitución federal, con la cual se pretende modernizar la impartición de justicia en los conflictos laborales, principalmente en las juntas federales de Conciliación y Arbitraje.

La citada reforma consiste en transferir al Poder Judicial de la Federación y de las entidades, la facultad de dirimir los asuntos contenciosos que hoy resuelven las juntas federales de Conciliación y Arbitraje, para lo cual se crearán organismos descentralizados en el ámbito de la Administración Pública Federal. Es decir, se creará un centro federal en el cual trabajadores y patrones resolverán sus conflictos de una manera más rápida.

Desde entonces, los usuarios de estas juntas federales de Conciliación y Arbitraje en Coahuila esperan con ansia su sustitución. Lo anterior porque los trabajadores federales coahuilenses son quienes más han sufrido –y sufren– los avatares de un conflicto laboral tramitado en estos tribunales federales de Saltillo y de Torreón, que por desgracia atienden los conflictos laborales de todo el estado.

Los usuarios de los servicios de estas juntas federales, saben que es bastante urgente la implementación de la mencionada reforma, dado que hasta hoy, en las mismas se observa una falta impresionante de modernización y agilidad en los procesos que juzgan, además de una deficiente atención a la ciudadanía por parte de los que ahí laboran.

En las juntas federales de nuestra localidad, lo único seguro es que los juicios que se les presenten tardarán hasta dos años, esto cuando no son controvertidos, ya que de oponer resistencia el demandado, los trabajadores deben esperar hasta cuatro años para conocer el primer laudo o sentencia.

Además, la pandemia Covid-19, ha sido la excusa perfecta para interrumpir en por lo menos tres ocasiones sus labores por largos periodos, lo que ha traído como consecuencia que desde marzo del año pasado ningún juicio avance, beneficiando con esto a las empresas y dependencias federales demandadas.

Ahora bien, si analizamos que la incapacidad de estas juntas federales proviene principalmente de su mala administración, por consecuencia de que la designación del titular de estas juntas la sigue haciendo el Presidente de la República, y que con ello se invade la esfera judicial al intervenir en la justicia laboral, a pesar de que en dichos tribunales laborales mayormente son juzgadas las dependencias federales, entonces podemos intuir que esta justicia es bastante parcial en su actuar, y que su lentitud es por demás calculada.

Para quien dude de lo anterior, pondré como ejemplo del “querer es poder”, a la Junta

Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo y su titular, la cual a pesar de la pandemia y de las medidas implementadas para evitar contagios jamás ha dejado de atender a los trabajadores, haciendo un esfuerzo extraordinario para celebrar en lo posible las audiencias necesarias que ayuden a dirimir sus conflictos laborales, amén de tener un virtuoso número de casos concertados entre las partes por su labor conciliatoria, lo que evidencia la verdadera causa de las fallas de las juntas federales de Coahuila, y la raíz del porqué la nueva justicia laboral no llega
a nuestro estado.