Guerrero.- Este capítulo de violencia comenzó dos o tres años atrás cuando el precio de la goma de opio se desplomó y dejó de ser rentable y todos —pobladores y criminales junto con empresarios— miraron al mismo lugar casi al mismo tiempo: a los bosques, a la madera.

Todos buscaban sustituir lo que obtenían con los cultivos de la amapola. Cada quien lo hizo a su forma. Los pobladores consiguieron un permiso de aprovechamiento forestal sustentable. Los criminales optaron por la clandestinidad.

En 2016, las autoridades ambientales otorgaron a los pobladores un permiso para aprovechar 3 mil 700 metros cúbicos de madera por año.

El ejido cuenta con 18 mil hectáreas; 40% es zona forestal. Al inicio, el proyecto estaba pensado para que las ganancias por la madera se invirtieran en mejoras en las comunidades, sobre todo en la introducción de luz eléctrica.

En 2019 aceleraron la implementación del proyecto. El fentanilo (droga sintética de bajo costo) desplazó al opio en Estados Unidos y el precio del kilo de goma pasó de 30 mil a 6 mil pesos.

El 15 de enero de ese año arrancó el aprovechamiento del bosque, pero duró muy poco, unos meses. El 30 de marzo de 2020, hasta su campamento llegaron hombres armados con AK-47 y R-15 y a bordo de camionetas y cuatrimotos, escoltados por tres Hummers con apariencia militar, según lo registraron pobladores.

Los obligaron a abandonar el campamento y se apropiaron de sus máquinas, herramientas y del combustible. Ese día, no sólo se terminó el nuevo proyecto, sino también la tranquilidad en Los Guajes.

Toman medidas

Después de que se apoderaron de sus máquinas, herramientas, combustibles y, sobre todo, de sus árboles, los pobladores de Los Guajes no cruzaron los brazos.

Comenzaron a investigar quiénes eran los intrusos y también quiénes eran los militares que los acompañaron, a dónde llevaban su madera y quién se las compraba.

Descubrieron que la madera era trasladada a aserraderos del municipio de Tecpan y a la comunidad de Papanoa, en la Costa Grande.

También descubrieron que los hombres armados eran encabezados por los hermanos Juan y Víctor Espino Cortés, pobladores del ejido vecino de San Antonio, y que trabajaban para Crescenciano El Chano Arreola.

Lograron saber que los militares eran del 109 Batallón de Infantería de Atoyac y que la protección la gestionaban con un mayor que identificaron como José Hernández Flores.

Presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero no ha tenido ningún efecto.

Hablaron con los transportistas y les advirtieron que la madera que estaban sacando del ejido era ilegal; la mayoría suspendió los viajes. Esta última medida fue la que tuvo mayor efecto. El 25 de abril no tuvieron forma de cómo sacar la madera y abandonaron el campamento.

Los armados talaron el bosque durante un mes. Los pobladores de Los Guajes no han podido cuantificar la madera que se llevaron, lo único que pudieron documentar es la salida de 13 camiones con madera con un valor superior a los 700 mil pesos.

Los intrusos no aceptaron su salida tan fácil: antes de irse quemaron la madera que habían cortado y comenzó el hostigamiento, los ataques, los asesinatos, las desapariciones.

Aunque los hombres armados dejaron de talar, en este momento los pobladores tampoco lo pueden hacer por el riesgo que implica trabajar en una zona acechada por criminales y porque el único camino hacia la Costa Grande también lo controlan.