Lo que busca la nueva Ley de la Industria Eléctrica es cerrar las puertas a la inversión privada, y lo más probable es que lo logre. El problema es que la Comisión Federal de Electricidad no tiene recursos para reemplazar la inversión que se está perdiendo. Y los diputados… lo saben, lo saben.

En el parlamento abierto de la Cámara el expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, advirtió que, según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), la demanda por electricidad pasará de 79.5 gigavatios (GW) a 130 en 2032. Es un incremento de 51 GW. Si la CFE mantiene su actual ritmo de inversión, y no retira las plantas obsoletas que debería ya eliminar, “solo podría aportar un 3.5%, no el 63% que tiene que crecer la capacidad”.

Un aumento de 51 GW requeriría de una inversión equivalente a 8 puntos del PIB, según García Alcocer: esto es, alrededor de 97 mil 680 millones de dólares, o 2 billones de pesos. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, García Alcocer recuerda que los proyectos de reforma fiscal a fondo, que aplicarían IVA a todos los productos y servicios, solo elevaban la recaudación en 1% del PIB.

La CFE tiene un presupuesto de 417 mil 145 millones de pesos para gasto programable en 2021. El monto autorizado para nuevos proyectos productivos de largo plazo es de 9 mil 360 millones. Se requerirían 220 años de inversiones como esta, y solo en generación, para alcanzar los 2 billones que tendríamos que ejercer en 11 años para enfrentar la creciente demanda.

La CFE conservó dos monopolios cruciales después de la reforma energética de 2013: el de transmisión y el de distribución final, pero no ha invertido lo suficiente en ellos, especialmente en transmisión.

Si bien la CFE aseguró que los apagones de 2019 y 2020 fueron producto de quemas de pastizales, o de la intermitencia de las energías limpias, los especialistas señalan más bien la falta de mantenimiento y de ampliación de la red de transmisión.

La CFE debería utilizar los recursos que tiene para mejorar la transmisión, pero por razones ideológicas prefiere tomar el control de la generación, sin importar que no tenga el dinero para realizar las inversiones que se necesitan para aumentar la capacidad.

La nueva ley obligará al sistema a comprar primero la electricidad de la CFE, empezando por la hidroeléctrica, pero me dice un especialista: “Las plantas hidro en México no pueden operar como plantas de carga base (primeras en ser despachadas) porque no tenemos la hidrología para ello. En México, las hidros son plantas de pico. El agua almacenada en las presas tiene usos agrícolas, industriales y domésticos. Los embalses no pueden ser utilizados para generar electricidad de manera
permanente”.

En cuanto a la electricidad de otras fuentes, será más cara y sucia que la privada. Si el Presidente cumple su promesa de no elevar los precios, se dispararán los subsidios hasta volverse financieramente insostenibles.

Es muy posible que la Suprema Corte declare inconstitucional la nueva ley, como lo ha hecho con la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico, pero si el propósito es frenar la inversión privada el objetivo se está logrando. Entre los obstáculos que pone el Gobierno y la incertidumbre jurídica, la inversión privada ya se ha colapsado; y como la CFE no tiene los recursos para reemplazarla, vamos como “locomotora chu-chú”, como diría Manuel Bartlett, a una nueva era de monopolio y apagones.

NAIM

No fueron “solo” 71 mil millones de pesos, como aseguró la SCT. Según la Auditoría Superior de la Federación, el costo de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue de cuando menos 331 mil 996 millones de pesos, sin incluir costos financieros o legales, o el de la falta de certidumbre jurídica.