Hay quien supone que la solución de los problemas del país pasa por el debilitamiento e incluso la demolición de las instituciones. Se equivocan y lo hacen de manera rotunda. Incluso aceptando –contra toda evidencia– que son un desastre total y que no cumplen en ninguna medida con su función, destruir el marco institucional es un despropósito total y un error histórico.

La razón es simple: como estamos siendo todos testigos, la simple voluntad de un individuo, sus conocimientos, experiencias y capacidades, son insuficientes para atender la totalidad de necesidades y exigencias de la ciudadanía. Bastan menos todavía, si la persona en cuestión no tiene buena voluntad; es un fanático resentido y brilla por su ignorancia e incompetencia.

Las instituciones tienen, por supuesto, sus mejores y sus peores versiones. Las personas que trabajan en ellas, su profesionalismo y ética individual son, sin duda, un elemento importante en su solidez; pero no el único. Se requiere de toda una infraestructura de gestión sólida y coherente que facilite el logro de los objetivos institucionales y, por supuesto, de un marco legal que brinde a esas entidades de certidumbre y legitimidad.

Todos recordamos, por ejemplo, al Instituto Electoral de José Woldenberg Karakowsky; al Banco de México de Guillermo Ortiz Martínez o el de Agustín Carstens Carstens; el Inegi de Eduardo Sojo Garza-Aldape y otros tantos ejemplos de instituciones funcionales, con procesos administrativos eficientes y efectivos, respaldados por un marco legal sólido y pertinente. Y por supuesto, con un gran apoyo de la ciudadanía al ser instituciones dignas de credibilidad.

No podemos cerrar los ojos a la realidad y decir que contamos con instituciones perfectas. Nada de eso. La realidad es que la corrupción y los abusos las han deteriorado; a una más que a otras, lo que ha dañado la confianza depositada en ellas por los mexicanos. Pero de allí a “mandarlas al diablo”, hay una distancia abismal.

México está urgido de instituciones más sólidas, dignas de recibir la confianza ciudadana. Eso se logra procurando mejores perfiles que ocupen cada cargo; perfeccionando sus prácticas y procedimientos y, además, fortaleciendo el estado de derecho. Golpearla, desacreditarlas y destruir los esquemas legales que las sostienen, no abona en absoluto al bienestar institucional del país.

Pero, el atentado contra el marco institucional es más dañino cuando se realiza con el solo propósito de ponerlas al servicio de un individuo; más grave todavía, cuando se trata del Presidente. No es solo que cuando asumió su cargo juró respetar y hacer respetar la Constitución; es la perversión que se muestra cuando se antepone el beneficio personal sobre el interés público.

Ningún individuo por sí solo es la patria. El país somos todos, con nuestras coincidencias; pero también, con nuestras diferencias y conflictos.

Destruir, aniquilar, suprimir son palabras que deberían estar fuera del vocabulario de la democracia. Señor presidente López Obrador, si como dice, en verdad, quiere usted a México y desea lo mejor para el país, deje de pretender avasallar y someter a las instituciones. Ellas no están para servirle a usted, sino para otorgarnos a todas las mexicanas y a todos los mexicanos un mejor lugar para vivir.