El escritor y poeta Alfonso de la Torre advertía desde el siglo 15: “No está la justicia en las palabras de la ley”. El periodista Édgar London aplica la sentencia al tema del feminicidio en nuestro país (Espacio 4, 577):

“Los reclamos de las mujeres alrededor del mundo –no sólo en México– han logrado que distintas organizaciones internacionales promulguen una serie de instrumentos legales para que los gobiernos asuman su rol y luchen por la erradicación de cualquier forma de violencia contra las féminas.

“De hecho, México es uno de los países pertenecientes a la Asamblea General de las Naciones Unidas que desde el 18 de diciembre de 1979 acordó adoptar las medidas señaladas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Pese a ello, en los códigos penales de cada entidad del país, brilla por su ausencia un concepto de uniformidad para tratar la figura del feminicidio y, de tal anomalía, permanecen sin variación los apartados que pudieran evitar –de modificarse– que los feminicidas no cumplan con las sentencias acordadas para este tipo de crimen.

“Uno de los elementos más importantes es, entonces, concederle un tratamiento diferenciado a los delitos que se produzcan en contra de las mujeres por discriminación de género. En el marco de la Consultoría de la Campaña del secretario general de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres se presentó el trabajo La Regulación del Delito de Femicidio/Feminicidio en América Latina y el Caribe, donde se recoge la necesidad de darle un tratamiento diferenciado a este tipo de violencia contra la mujer.

“Este documento hace hincapié en la necesidad de separar los delitos comunes de aquellos que han de ser clasificados como feminicidios, para ello recoge en sus páginas:

“‘La tipificación de este delito (feminicidio) obedece a la obligación de los estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales, pero también al incremento del número de muertes de mujeres y la crueldad con la que se producen, a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así como a los altos índices de impunidad.

“Con la aprobación de estas leyes los países se proponen desarrollar una política criminal con perspectiva de género que fortalezca, por un lado, las estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra las mujeres y, de otro, garantice la reparación y compensación de las víctimas. El objetivo es reducir la impunidad de manera que la justicia penal cumpla con su función de prevención especial y general de la criminalidad.

“El problema, sin embargo, no radica en la promulgación de leyes, sino en su cumplimiento. A pesar de que las circunstancias claves y determinantes para reconocer un feminicidio están estipuladas en el Código Penal Federal pocas veces son atendidas. Un ejemplo fehaciente lo hallamos en Tamaulipas. En ese estado fueron encontrados 50 cuerpos mutilados de mujeres, de enero de 2012 a junio de 2016. Ni uno solo se consideró feminicidio.

“En México, tratar el asesinato de una mujer como si fuera un homicidio común, deriva en impunidad. En cambio, si las circunstancias para tipificar un crimen de género fueran respetadas, en el país el número de feminicidios reconocidos ascendería considerablemente, además de las penas que se les impondrían a los criminales”.