El despegue del gobierno de Miguel Riquelme ha sido suave después de las turbulencias poselectorales y de una Administración dedicada a sembrar vientos. La ostensible deferencia de Riquelme hacia el periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, el 1 de diciembre, y su reunión del día 5 con el alcalde electo de Torreón, Jorge Zermeño, marcan el principio de un cambio de actitud. La iracundia de Rubén Moreira contra Fuentes Aguirre y contra el PAN llegó hasta el último día de su sexenio. Basta ver la manera como se expresó del alcalde de Saltillo, Isidro López, por reclamar el pago de 136 millones de pesos de participaciones federales.

Riquelme no tuvo un día de campo en las urnas ni lo tendrá como gobernador. La Administración 2017-2023 afrontará grandes desafíos. El primer paso para legitimarse y desfacer entuertos consiste en deslindarse de sus predecesores y todo lo relacionado con sus intereses políticos o de cualquier otra índole. Investigar la deuda por más de 37 mil millones de pesos y el desvío de 500 millones a empresas fantasma, entre otros desafueros, y emprender acciones legales contra los responsables es condición sine qua non para convencer a los casi tres cuartos de millón de coahuilenses que votaron contra el PRI de que una de sus prioridades es hacer justicia e iniciar una etapa de cambio y reconciliación en un estado agraviado y sin contrapesos políticos en los 12 últimos años.

La pérdida de 238 mil votos el 4 de junio, con respecto a los comicios de 2011, que regresó al PRI a los niveles de 2006, no fue en balde. El endeudamiento, la corrupción, las masacres en Allende y Piedras Negras, el enriquecimiento de funcionarios, la soberbia, el divorcio del gobierno con la sociedad, el enfrentamiento con la Iglesia y con un sector del empresariado, el acoso a periodistas críticos y a activistas de los derechos humanos y el autoritarismo exacerbado, sobre todo en el último sexenio, indignaron a la ciudadanía y el precio se pagó en las urnas.

Para poder dirigir un estado donde tres fuerzas contrarias al PRI captaron el 60% de los votos, y donde la crisis financiera, de justicia y de credibilidad en las instituciones se ha profundizado, no basta con apelar a la unidad y concordia de todos los sectores, sino establecer un gobierno diferente. Para ello es necesario abrir las puertas a la sociedad, respetar y estimular la crítica y tender puentes con las oposiciones.

Miguel Riquelme asumió el cargo ante un Congreso dominado por el PRI, pero la Legislatura que le acompañará en el primer tramo de su sexenio, a partir del 1 de enero, será mayoritariamente opositora, lo cual jamás había ocurrido. El PAN, junto con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), ganó nueve distritos y el PRI, siete; cada uno obtuvo además tres diputados plurinominales, Morena dos y el PRD uno. De esa manera, Coahuila tendrá el primer gobierno dividido de su historia, lo que a escala federal ocurrió en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.

El PRI ganó 27 municipios, entre los cuales recuperó Saltillo; el PAN, seis, entre ellos Torreón; la UDC, tres; el Partido Verde, uno, y Movimiento Ciudadano, otro. Coahuila volverá a las urnas el 1 de julio de 2018 para nombrar alcaldes por 3 años, pues el periodo de los electos en junio será sólo de uno. También se votará para Presidente y Congreso general. Los comicios pondrán a prueba al gobierno de Riquelme y su partido.